La crisis del espionaje sitúa al Gobierno en un callejón de difícil salida

El espionaje a más de 60 dirigentes independentistas, llevado a cabo según el grupo de expertos en ciberseguridad Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, entre 2017 y 2020, ha colocado a los socialistas ante una encrucijada de la que, por ahora, siguen sin saber salir. Aragonès reclama una reunión con el presidente del Gobierno, pero este jueves advirtió que recibir explicaciones personales de Sánchez no bastará y exigió además la apertura de una comisión de investigación parlamentaria; una investigación interna en Interior y Defensa, y la asunción de responsabilidades.

La situación no es cómoda para Esquerra ni para EH-Bildu ni mucho menos para Unidas Podemos. Ninguno de esos partidos tiene interés en dinamitar la legislatura y precipitar unas elecciones que pueden allanar el camino a un Gobierno del PP y Vox. Sin embargo, en esta ocasión entienden que tampoco pueden mirar para otro lado.

«Estamos ante el mayor escándalo de espionaje de la democracia y no dejaremos que la solución del Gobierno sea que pase el tiempo», avisó Aragonès. El socio minoritario del Ejecutivo, que firmó junto a Esquerra, Bildu, CUP, BNG, PNV, PdeCAT, Más País y Compromís la petición para que el Congreso investigue el asunto, pidió ayer a los republicanos que no rompan con Sánchez y atribuyó el escándalo a «elementos policiales» descontrolados y a las «cloacas del Estado» vinculadas con el PP.

Las formaciones con dirigentes espiados, sin embargo, rehúsan dar por buena esa teoría sin pruebas y sin consecuencias. Aragonès llegó a afirmar que la comisión de investigación es un «requisito indispensable» para poder restaurar la confianza, que ahora está, dijo, «a cero». El PSOE, sin embargo, no está dispuesto a permitir que el Congreso dedique un grupo de trabajo al asunto.

Los socialistas ya impidieron en 2020, con los votos del PP, Vox y Cs que se creara ese órgano cuando trascendió el supuesto espionaje al expresidente del Parlament Roger Torrent y el hecho de que ahora la cifra de afectados –el grueso de ellos después de la sentencia del 'procés' y ya con Sánchez como presidente– sea mucho mayor de lo entonces imaginable no le ha hecho cambiar de opinión.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez adujo en TVE que existen vías para compartir la información sobre si España cuenta con el programa Pegasus y si se han intervenido las comunicaciones de líderes independentistas sin poner en riesgo la seguridad nacional, como la comisión de secretos oficiales, que no se ha constituido aún por los vetos cruzados de los partidos, o los propios tribunales de justicia.

Los esfuerzos del Gobierno se limitaron este jueves a insistir en que España es un Estado de derecho en el que se cumplen las leyes y no se interceptan comunicaciones sin autorización judicial y en que el presidente ya ha dado sobradas muestras del tipo de relación que quiere establecer con Cataluña. Rodríguez reclamó no «echar atrás todo lo andado». Pero para Aragonès esos argumentos no son más que «evasivas» . Incluso advirtió de que la respuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles sobre la indefensión del CNI ante las acusaciones que lo sitúan en el punto de mira han sido «contraproducentes». «La pregunta es cómo podemos los ciudadanos defendernos», replicó.

La primera votación sensible a la que tendrá que hacer frente el Ejecutivo será, el jueves 28, la convalidación del plan anticrisis que, entre otras cosas, contempla la bonificación de 20 céntimos de euro por litro de carburante. El PdeCAT (cuatro diputados) dejó claro ayer que mantendrá el 'sí' previsto. ERC y EH-Bildu, en cambio, se resisten a dar nada por sentado. «Si pretendes que tu socio de legislatura te siga dando apoyo ante la sospecha clara de que hay organismos del Estado vinculados a un posible espionaje masivo, tienes que tomar decisiones y llegar hasta el final», insistió el presidente de la Generalitat.