Los corruptos y la prostitución: una relación estrecha

En las orgías organizadas por altos cargos de la Guardia Civil en los años noventa abundaban las drogas y la prostitución. Las recordadas fotos de Luis Roldán publicadas por Interviú en 1994, donde se veía al entonces director de la Benemérita en calzoncillos, partido de la risa mientras se cubría con un enorme cangrejo hinchable, destaparon el escándalo. El resto de la historia también es conocido: el saqueo de fondos reservados del Ministerio del Interior, la huida y su posterior captura en Tailandia. Condenado a más de treinta años de prisión por delitos de malversación, cohecho, estafa y falsificación contra la Hacienda Pública, Roldán se convirtió en uno de los símbolos de la corrupción en España.

Más reciente es la macrocausa de los ERE en Andalucía, por la que cientos de millones de euros en principio destinados a dar respuesta a las dificultades económicas de empresas en crisis acabaron en los bolsillos de «intrusos», como define el auto a aquellas personas que nunca habían trabajado para esas compañías y sin embargo cobraron las ayudas. Una de las piezas de esta causa hace referencia a Fernando Villén, entonces directivo de la Fundación Andaluza de Fomento y Empleo (Faffe), dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y que en 2010 abonó con una de las tarjetas de la entidad facturas por casi 15.000 euros en un conocido club de alterne en Sevilla.

Dos días después alguien acudió al prostíbulo para pagar en metálico el coste de la juerga, pero la Fiscalía cuantificó en más de 32.000 euros los gastos totales en este tipo de clubes y otros 40.000 euros en concepto de restaurantes, hoteles, peajes y partidas sin especificar. Anticorrupción llegó a acusar a Villén de «satisfacer sus lúbricos deseos en locales de alterne y prostíbulos de la geografía andaluza», donde «organizaba orgías con terceros no identificados y que llegaron a alcanzar una cuantía considerable». La causa de los ERE condujo al PSOE hasta el ocaso que concedió la mayoría absoluta al PP en las últimas elecciones autonómicas.

Sin salir de Andalucía, todavía está pendiente de resolución el 'caso Astapa', que investiga desde hace más de quince años la existencia de una supuesta caja B en el Ayuntamiento de Estepona. El concejal del Partido Estepona (PES), Manuel Reina, en libertad bajo fianza de 150.000 euros por su imputación en la causa, pidió presuntamente 42.000 euros a repartir con otros dos investigados por la licencia de apertura de un local de alterne, según recoge el sumario del caso. Las defensas han cuestionado desde el principio el origen del caso y han señalado la posible vinculación del excomisario José Manuel Villarejo, tesis que mantiene el exalcalde de esta localidad malagueña, Antonio Barrientos. Las mordidas del caso, según Anticorrupción, acabaron pagando safaris y prostitutas.

También Francisco Granados, mano derecha de Esperanza Aguirre, fue detenido en el marco de la 'operación Púnica' por la presunta venta de favores a constructores que le invitaban a fiestas durante fines de semana que no costaban menos de 9.000 euros por cabeza. Eran jornadas de cacería en las que, según la investigación, se ofrecían los servicios de prostitutas en fincas o habitaciones de hotel.

Otro caso salpicado de pagos en especies es la 'Gürtel', cuyo sumario revela que Francisco Correa, a quien le gustaba que sus empleados llamaran Don Vito, ofrecía «servicio de chicas» para cerrar contratos o hacer contactos. Según su propia declaración, Luis Bárcenas y él llegaron a un acuerdo para repartirse mordidas de contratos públicos. Aquel hombre siempre engominado que sin quererlo dio nombre a la trama que hizo tambalearse al PP (Gürtel es la traducción de Correa al alemán) lo mismo regalaba viajes y relojes que prostitutas a políticos y empresarios. Como si fueran un objeto más.