El Congreso se prepara para la recogida del acta de los presos electos del 'procés'

La planificación del operativo policial de traslado y custodia de los acusados en la Cámara baja parte de la premisa de que los dirigentes independentistas van a acudir en persona al acto de constitución de las Cortes, el próximo martes 21 de mayo. Una decisión, no obstante, que tendrá que confirmar el tribunal del Supremo que juzga el proceso secesionista en Cataluña.

Según señalaron fuentes jurídicas, las comisarías del Congreso y del alto tribunal esperan que la Sala presidida por Manuel Marchena recoja en una resolución las directrices generales que deben seguir los agentes que custodien a los presos dentro de la cámara ante el riesgo de fuga. También responder a otros interrogantes: ¿estarán en la sede parlamentaria toda la sesión? ¿Podrán moverse con tranquilidad por el edificio? ¿Irán esposados y/o escoltados?

En cualquier caso, el Parlamento, como máximo exponente de la soberanía popular, tiene capacidad para decidir los pasos a seguir sin contar con la orden del tribunal. Pero a este supuesto surge un problema adicional: la presidenta actual, Ana Pastor, cesa el lunes 20, por lo que esa sesión tendrá lugar en medio de una suerte de vacío de poder. En todo caso, la competencia recaerá en la Mesa de la Diputación Permanente hasta ese mismo lunes y después se transferirá el mando temporal al secretario general de la Cámara baja, el letrado mayor Carlos Gutiérrez Vicén.

La entrega del acta de diputado requiere una serie de trámites. Los partidos recogen las credenciales ante la Junta Electoral Provincial y luego hay que rellenar un formulario en el Congreso: presentar una declaración de los bienes de cada diputado, dar a conocer sus ingresos por rendimientos de trabajo o recibir el móvil y la tableta electrónica por su nueva condición.

Estos procedimientos, en concreto, se podrían hacer por delegación, pero se celebrará un acto en el hemiciclo en el que es imprescindible la presencia de la persona electa: la jura o promesa del acta y acatar la Constitución tras ser llamados en orden alfabético en un pleno, según recuerdan las fuentes consultadas.

El tribunal, de igual modo, tiene previsto pronunciarse de forma inminente sobre la petición de excarcelación de los presos electos para cumplir con sus derechos políticos como parlamentarios y la tramitación del consiguiente suplicatorio para seguir siendo juzgados.

El suplicatorio es un acto formal que afecta a los aforados investigados y que debe autorizar el Congreso o el Senado para poner a los parlamentarios en manos de la justicia. Esta disposición fue reclamada en sus escritos por las defensas de los republicanos Junqueras y Romeva y de los convergentes Turull, Rull y Sànchez, con el único objetivo de aplazar el juicio del 'procés' y abonar el terreno de las nulidades en un futuro horizonte procesal.

La Fiscalía del Supremo se opuso el pasado viernes a ambas pretensiones porque el trámite del suplicatorio, alegó, solo es posible en fase de instrucción, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no cuando el juicio ya está en marcha, como es el supuesto actual.