Pena de dos años y medio al maquinista y un cargo de Adif por la tragedia del Alvia

Junto a ello, la jueza Elena Fernández Currás inhabilita a ambos sentenciados para el ejercicio de sus respectivas profesiones durante cuatro años y medio y les impone una indemnización de 25 millones en favor de los familiares de las víctimas, que en caso de imposibilidad de pago deberá asumir Adif o, en su caso, las aseguradoras del ente público. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias dependiente del Ministerio de Transportes ya avanzó recurso instantes después de hacerse pública la decisión judicial, mientras los damnificados expresaban su satisfacción porque la magistrada «desmonta la verdad oficial» que descartaba responsabilidad pública en el accidente. La sentencia, con todo, se queda lejos de la petición de la Fiscalía, que pedía para los acusados cuatro años de prisión y el pago de 42 millones en compensaciones.

Sobre el maquinista, la jueza considera acreditado que Francisco José Garzón respondió a una llamada a su teléfono móvil «carente de urgencia» por parte del interventor del mismo tren para que una familia que se apeaba en una de las siguientes estaciones a la de Santiago de Compostela supiera a qué lado del andén tenía que bajarse. La sentencia sostiene que Garzón cometió «una omisión de la más elemental de las precauciones de un profesional de cerciorarse, antes de contestar la llamada, del lugar en el que estaba o, incluso, de hacerlo durante la conversación». E insiste en que el maquinista no solo desatendió las instrucciones que requería su labor, sino que además no se percató de las señales laterales y de un sonido acústico previo que le anunció el sistema de guía sobre el exceso de velocidad del Alvia.

En cuanto al cargo de Adif condenado, la sentencia subraya que certificó un control de seguridad para inaugurar esta línea de alta velocidad, lo que dio luz verde a que el Ministerio de Fomento autorizase la puesta en servicio los Alvia entre Madrid y Santiago. Cortabitarte lo hizo, según el veerdicto, a pesar de que el análisis preliminar de riesgos a la empresa a la que se adjudicó el recorrido ferroviario identificó peligro de descarrilamiento.

Ambos condenados, según considera la jueza, infringieron el deber de cuidado que sus cargos les imponían con «un incremento ilícito del riesgo de un resultado dañoso que estaban obligados a prevenir y capacitados para evitar; y que, por la importancia de los bienes jurídicamente protegidos puestos en riesgo, y que resultaron fatalmente lesionados, solo pueden ser calificado como de grave».La sentencia es recurrible ahora ante la Audiencia de La Coruña.

La investigación judicial, primero, y la condena judicial ahora estiman probadas varias causas del descarrilamiento. El origen de la tragedia fue un exceso de velocidad a causa del «despiste» del maquinista, quien en 2013 había conducido ese mismo tramo en 59 ocasiones. Aun así, habría sido posible frenar el tren de forma automática si se hubiesen observado las medidas necesarias.

El tramo de la curva de Angrois no contaba con balizas para que el sistema ERTMS que limita la velocidad de este tipo de unidades recibiese datos sobre la necesidad de frenar mientras el maquinista hablaba por teléfono. Fue el propio Garzón quien se percibió del inminente descarrilamiento y pulsó el freno de emergencia, pero ya fue demasiado tarde. El tren iba a tanta velocidad que acabó siendo letal.