Concluye el juicio a los miembros de la anterior mesa del Parlament

Se han sentado en el banquillo el expresidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, actual consejero de Empresa de la Generalitat; Josep Costa, exvicepresidente del Parlament; y los exvocales Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. Han sido juzgados acusados de un delito de desobediencia grave, que comporta penas de inhabilitación, por haber ignorado presuntamente los avisos del Tribunal Constitucional y haber admitido a trámite y permitido el debate en un pleno de la Cámara catalana de 2019 propuestas de resolución «manifiestamente contrarias a la Constitución», que reprobaban la monarquía y se comprometían a ejercer la autodeterminación.

Fueron dos mociones, tramitadas una semana después de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés'. Una afirmaba que el Parlament «reitera y reiterará tantas veces como quieran los diputados la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político» y la otra decía que el «Parlament reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados la reprobación de la monarquía». La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación.

En su turno de palabra final, Torrent ha afirmado que prohibir tramitar resoluciones, las que sea, sería ir en contra de la «esencia del parlamentarismo». «El Constitucional no puede impedir un debate parlamentario», ha asegurado. Los acusados han negado la desobediencia y han señalado que actuaron protegidos por la inviolabilidad parlamentaria. «Acordaron desobedecer y tramitar las resoluciones en la creencia errónea de que su actuación iba a resultar impune», ha afirmado el fiscal. Desobedecieron al Tribunal Constitucional porque «lo consideran un tribunal ilegítimo que no puede en absoluto vincular las resoluciones del Parlament», ha rematado.

El juicio ha estado marcado por la polémica actuación de Josep Costa, que como abogado, se ha representado a sí mismo, exhibiendo en todo momento una urna en miniatura del 1-O. Costa plantó ayer al tribunal. Salió de la sala y abandonó el juicio como protesta por la negativa del presidente del tribunal de declarar la nulidad de las actuaciones. Dijo que no reconocía un tribunal en el que figura la foto del Rey. Costa anunció que renunciaba a presentar pruebas y a declarar, y que no seguiría presente en el juicio ni como acusado ni como abogado.

Antes del juicio y con la «previsión» de que Costa no se presentara, el TSJC ya le nombró un abogado de oficio, pero él se opuso y finalmente el tribunal se lo retiró al admitir que la decisión había sido preventiva y podía vulnerar su derecho a elegir qué abogado le defiende, en este caso él mismo. Costa no ha acudido a la sesión de este viernes. El TSJC ha dictado una provisión en la que «reitera» al exvicepresidente del Parlament que puede volver al juicio. En Catalunya Ràdio, Costa ha defendido su marcha del juicio. «No he hecho nada ilegal, sería muy extraño que tuviera ninguna consecuencia que no fuera que se escuchen mis razones». El objetivo de su defensa ha dicho que «es ganar este caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo«.

El juicio ha estado marcado también por la declaración que hizo la Fiscalía en el primer día de la vista. «Circula por ahí un bulo de que este juicio forma parte de los procedimientos judiciales que se han llevado a la mesa de negociación entre el Gobierno del Estado y la Generalitat», afirmó el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio. «Eso que se está llamando la desjudicialización de la política catalana y en la que se pretende el archivo de todos los procedimientos penales pendientes contra políticos catalanes», añadió, para rematar: «Seguro de que esta sala no está afectada ni de refilón por este bulo».