Colau declarará como imputada por coacciones a un fondo buitre

La alcaldesa de Barcelona tiene una causa judicial pendiente, después de que la Audiencia de Barcelona ordenara hace un año a un juzgado de instrucción que admitiera la querella presentada por un fondo buitre que el juez había archivado. Colau fue denunciada en 2020 por la firma Vauras Investments, dedicada al sector inmobiliario. Esta empresa denunció a la alcaldesa, a la concejal de Vivienda, Lucia Martín, al de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, y a una funcionaria municipal, pues considera que se vio forzada por parte del Ayuntamiento de Barcelona a ceder unos pisos de su propiedad para que fueran destinados a alquileres sociales. El inmueble, conocido como Bloc Llavors, estaba ocupado por familias en situación vulnerable. La firma se querelló por los delitos de prevaricación, malversación y coacciones.

Según Colau, no hubo coacciones. Se le pidió a la empresa «el estricto cumplimiento« de la ley catalana de vivienda, ha señalado. »Un requerimiento que Vauras no respetó y procedimos a poner sanciones por incumplimiento de la ley«, ha aclarado. Tras las sanciones, el fondo de inversión puso una querella contra el Ayuntamiento, inadmitida al principio. «Estoy muy tranquila. Evidentemente colaboraremos con la justicia como hemos hecho siempre. Esto acabará archivado», ha asegurado Colau.

Se trata de la segunda causa abierta contra la alcaldesa de Barcelona. Colau está investigada (ya declaró ante el juez) por presuntas irregularidades en unas subvenciones otorgadas por el consistorio barcelonés entre 2019 y 2020 a entidades afines a En Comú Podem. La causa se reabrió en noviembre pasado tras ser archivada. Colau está imputada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público. La entidad que presentó la querella -la Asociación para la transparencia y la calidad democrática-, que desde el entorno de Colau vinculan con el lobby de la gestión del agua, acusa a la edil barcelonesa de firmar de manera arbitraria y discrecional, sin concurrencia pública y sin justificar el interés público una serie de ayudas económicas para entidades afines a los comunes.