Las claves de la futura ley de información clasificada

Sustituye a la ley franquista de secretos oficiales de 1968

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   La norma forma parte de las reformas comprometidas por el Gobierno en el Plan de Acción por la Democracia aprobado en septiembre del pasado año y es un viejo compromiso con el PNV. Ya fue aprobado como anteproyecto en 2022 pero la legislatura acabó antes de que pudiera tramitarse.

Desclasificación automática, salvo que afecte a la seguridad nacional

• Por primera vez, se establecen unos plazos determinados para la desclasificación automática de la información bajo secreto, que variarán en función del grado de clasificación asignado. Ese automatismo tiene un límite, que se valore que existe un bien superior relativo a la seguridad nacional o a la defensa

Cuatro niveles de clasificación «excepcional y motivada» con 45 años de secreto máximo

• Se regulan cuatro categorías de información clasificada: «Alto Secreto», «Secreto», «Confidencial» y «Restringido». La clasificación será »excepcional« y tiene que estar »motivada«. A cada categoría se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido. El tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años y el mínimo de 4 años sin posibilidad de prórroga.

Se exceptúan las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad

• El proyecto estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación. Según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, será lo primero que se desclasifique cuando la norma entre en vigor.

Sanciones de hasta 2,5 millones de euros por revelar secretos

• La ley introduce un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con sanciones que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves. El ministro Bolaños ha defendido que por esa vía se crea un régimen más proporcional que el anterior, que únicamente contemplaba la vía penal con penas de prisión de hasta cuatro años. Además, el derecho a la libertad de información se introduce como criterio de graduación de las sanciones.

Se crea una Autoridad Nacional para la Protección de la Información, salvo secretos OTAN

• La Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada quedará adscrita al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, pero será la ministra de Defensa quien ejercerá las funciones de esta autoridad en lo relativo al intercambio y protección de información clasificada que tengan que ver con la OTAN. Todos los Ministerios pueden

Quién puede clasificar

• Se tasa número de autoridades que pueden declarar un documento confidencial o restringida. Las declaraciones de 'alto secreto' y de 'secreto' únicamente podrán ser decididas por el Consejo de Ministros a propuesta del presidente del Gobierno, de las vicepresidentas, o de los ministros y ministras del Consejo de Ministros.

• En cuanto a las categorías de 'confidencial' y 'restringida' corresponde a un número «tasado y reducido» de autoridades públicas que son el presidente del Gobierno, los titulares de las vicepresidencias, los titulares de los ministerios, el secretario de Estado de Seguridad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la directora del CNI, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio y el almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.