Las claves del escándalo de corrupción que ha sacudido Andalucía

El juicio cuya sentencia se ha conocido hoy es denominado la pieza política de los ERE. Más allá de las numerosas irregularidades descubiertas por los años de investigación de la juez Mercedes Alaya, la primera instructora que abrió diligencias allá por 2010, lo que se ha esclarecido en este primer fallo es la ilegalidad del procedimiento que implantó la Junta de Andalucía para pagar ayudas a empresas de la región afectadas por la crisis económica, y que dejaron en la calle a cientos de trabajadores en una de las comunidades más azotadas ya de por sí por el paro.

Ese sistema, conocido como transferencias de financiación, es usado habitualmente por las administraciones públicas para equilibrar las cuentas de los entes autónomos. Y este es precisamente el quid de la cuestión, si se podían usar también para el pago de subvenciones especiales, categoría que tendrían esas ayudas sociolaborales. El sistema funcionó durante una década, entre 2000 y 2009, y contó con un fondo de 680 millones de euros que año tras año se aprobaba en el Parlamento dentro de la Ley de Presupuestos de Andalucía. La solicitud de la ayuda salía de la Dirección General de Trabajo, que montaba el expediente, y daba la orden de pago al Instituto Andaluz de Fomento (IFA), más tarde Agencia Idea, que con el dinero recibido a través de esas transferencias materializaba el pago. La acusación contra los exaltos cargos es que conocieron que no era el sistema adecuado pero ni impidieron su puesta en marcha ni lo frenaron pese a las irregularidades. La sentencia será recurrida casi con seguridad ante el Tribunal Supremo.

La Fiscalía ha sostenido que el sistema era inadecuado e ilegal, por cuanto en aras de esa agilidad para pagar se permitió la arbitrariedad, ya que las ayudas no eran conocidas, y la opacidad, ya que escapaban a cualquier fiscalización. Esto permitió que entre los más de 6.000 prejubilados de esos años se colaran personas ajenas a las plantillas que se sometían a expedientes de regulación, o que surgieran empresas que se enriquecieran con sobrecomisiones millonarias cambio de mediar en la tramitación de esos expedientes. Pero también que empresarios afines al entorno socialista, especialmente del área de Empleo, percibieran ayudas directas en muchas ocasiones sin siquiera pedirlas, con simples indicaciones vía post-it. Entre ellos, el chofer del exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, que reconoció haber gastado el dinero en fiestas y droga con su jefe. La agilidad y arbitrariedad de estos pagos apuntaló además, reprocha el fiscal, un sistema clientelar que ayudó al PSOE a mantenerse en el poder. No obstante, ninguno de los implicados están acusados de enriquecimiento ilícito o financiación ilegal del partido.

Todas estas ayudas no forman parte de esta causa, y se investigan en piezas separadas cuyo destino estará muy vinculado a lo que se decida sobre el sistema en sí: si se estima que era legal, las ayudas también lo serían.

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Las defensas de los acusados han argumentado en el juicio que sus clientes no conocían las presuntas irregularidades en la concesión de estas ayudas, apuntando a que el interventor nunca activó el botón rojo de alerta por menoscabo de fondos públicos. El exinterventor matizó sus palabras en el juicio y reconoció que «con los ojos de hoy», es decir, tras conocerse todo el caso, no se puede hablar de que el sistema fuera inadecuado. Y el propio exdirector general de Trabajo Javier Guerrero se desdijo de su expresión «fondo de reptiles». Los peritos de la Intervención General del Estado, por el contrario, señalaron «el descontrol» con las ayudas y consideraron inviable que nadie se percatara de ello.