Bélgica rechaza la entrega del exconseller Lluís Puig por malversación

«La Fiscalía de Bruselas puede confirmar que la Cámara del Consejo ha rechazado la ejecución de la orden de arresto europea considerando que la autoridad española que ha emitido ese mandato no era competente para hacerlo», señaló la Fiscalía en un comunicado.

La decisión, la primera que adoptan los tribunales de Bélgica sobre los políticos catalanes huidos de España en 2017. A primeras horas de la tarde la propia Fiscalía informó que ha recurrido la decisión del juez.

En julio de 2017, el expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont buscó para su Gobierno caras nuevas dispuestas a afrontar todas las consecuencias de un choque con el Estado español, Lluís Puig asumió el reto.

Tres meses y medio más tarde, tras la declaración unilateral de independencia en el Parlamento autonómico catalán y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución española, por la que el Ejecutivo central asumía la administración de Cataluña, Puig siguió el camino de Puigdemont y se marchó a Bélgica para evitar su encarcelamiento.

El entonces consejero de Cultura salió elegido diputado de la formación independentista JxCat, la formación de Puigdemont, en la Cámara catalana, en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017, convocadas en plena aplicación del 155, pero renunció a su escaño.

«Exiliado político» para el independentismo, «prófugo de la justicia» para sus detractores, Puig ha mantenido a lo largo de estos últimos dos años y medio un perfil bajo, menos mediático que otros exconsejeros del Gobierno catalán que convocó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 como Antoni Comín o Clara Ponsatí, que también optaron por huir de la Justicia española.

Al no presentarse a declarar ante la Audiencia Nacional española, la juez Carmen Lamela dictó una orden de detención internacional contra él, Puigdemont y otros tres exconsejeros que huyeron a Bélgica, una euroorden que fue retirada poco después por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para evitar que la Justicia belga condicionara los delitos por los que todos ellos podrían ser juzgados en España.

Posteriormente, el magistrado Llarena volvió a activar las euroórdenes contra los exconsejeros, para reclamar su extradición a España, en el caso de Puig por los delitos de desobediencia y malversación de caudales, pero la Fiscalía belga anunció que las rechazaba por «defectos de forma» en el procedimiento.

En las elecciones generales de abril de 2019, Puig se presentó como candidato de JxCat al Senado, pero no obtuvo escaño.

Como gesto de reconocimiento, Puig ha sido escogido presidente del proceso congresual que ha iniciado JxCat para convertirse en un partido político y que culminará el 3 de octubre.

Este mismo viernes, la Fiscalía de Bruselas ha recurrido la resolución del juez belga de primera instancia. El caso pasa así a manos del Tribunal de Apelación, la segunda etapa en el procedimiento para examinar la orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida por el juez Llarena. No será el último paso, ya que las partes todavía podrían recurrir una vez más la decisión de esta instancia ante la Corte de Casación.