La Audiencia Nacional investiga el presunto desfalco en el Campus de la Justicia de Aguirre

El juez instructor José de la Mata admitió el pasado 3 de agosto una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en relación con distintas prácticas de la mercantil que podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos. Por el momento no hay personas imputadas.

La denuncia admitida se basa en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo pasado en el que se concluye que Campus de la Justicia «no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público».

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el 23 de diciembre de 2004 la creación de la sociedad mercantil, una empresa de titularidad cien por cien pública que nacía con un capital social de 7.350.000 euros para poner en marcha el proyecto, tal y como recogió la orden firmada por la entonces consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, y la propia presidenta autonómica Esperanza Aguirre (2003-2012).

Dicho informe ponía de manifiesto, entre otros elementos, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la incorporación remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería, del inmovilizado, etc.

Igualmente, en el ámbito relativo a la contratación y pagos, el informe describe irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados.

El importe total de la contratación, obtenido en los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas, asciende a 355 millones de euros. De todo el proyecto solo constan finalizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono.

Entre las operaciones y procesos de contratación objeto de investigación se encuentran la gestión integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid (2007), la Aplicación de las nuevas tecnologías en el Proyecto Campus de la Justicia de Madrid (2007), la consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de Seguridad en el Campus de la Justicia o la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación.

También se investigan la asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de la Justicia, el alquiler de la lona publicitaria para la fachada de Goya 66, la cobertura fotográfica del Campus de la Justicia, el mantenimiento de la sede social y servicios de vigilancia y seguridad de la sede social del Campus, en la calle Miguel Ángel, la edición y distribución del libro 'Foster+Partners' o el servicio de asesoramiento jurídico el patrocinio y promoción del Campus de la Justicia (2008), entre otros.