Aragonès encontrará resistencia en el PSC para blindar el modelo de inmersión

El uso del catalán como idioma vehicular se desarrolló entre 1983 y 1993 con el objetivo de fomentar su uso y conocimiento. La inmersión se empezó a aplicar en centros de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y en las zonas de Cataluña donde apenas se hablaba el catalán, como ocurría en el área metropolitana de Barcelona, localidades en las que la mayoría de la población provenían del resto de España.

El modelo catalán ha quedado muy tocado esta semana, después de que el Supremo haya inadmitido un recurso presentado por el Govern contra una sentencia del TSJC de 2020. Tras la resolución del Supremo, el fallo del Tribunal Superior de Cataluña es firme yobliga a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para garantizar que «todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso». Es el fin del sistema de inmersión, según las entidades que defienden el bilingüismo académico en Cataluña, mientras que el Govern hace oídos sordos y asegura que no moverá ni una coma. «No cambiaremos el modelo lingüístico ni instaremos a las escuelas a cambiarlo y buscaremos el blindaje jurídico necesario», afirmó el viernes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Se abre, eso sí, una nueva batalla jurídica y política, en torno a un asunto capital en Cataluña, pues no en vano buena parte de los que consideran que Cataluña es una nación lo fundamentan en que tiene una lengua propia. El catalán «no se toca», ha avisado el president. Aragonès tiene previsto convocar un «pacto nacional» por la lengua a partir del mes de enero para tratar de blindar el modelo. Será difícil que concite un consenso como el de hace cuarenta años. La primera ley que impulsó el Parlament de Cataluña en defensa del catalán y que fue el inicio del desarrollo del llamado sistema de inmersión (actualizado con sucesivas leyes hasta la actualidad) fue la ley de normalización lingüística de 1983, aprobada con un único voto en contra y una abstención. Introdujo la no separación por lengua.

Los impulsores de la escuela unificada no son la fuerzas nacionalistas, pues CiU abogaba, por ejemplo, por un sistema con varios modelos, como en el País Vasco, sino que fueron el PSC y el PSUC, que no querían que la lengua se convirtiera en una cuestión de clase social. Hoy, casi cuatro décadas después, el panorama ha cambiado. Hay voces en Junts que apuestan por retomar la idea pujoliana de dos modelos (catalán y castellano) y el PSC sigue defendiendo que sea el catalán el eje de la enseñanza, pero admite que la sentencia se ha de cumplir y niega que dar una asignatura troncal en castellano, que sería la forma de aplicar el fallo judicial, ponga en riesgo el catalán. El día que se hizo pública la resolución del Tribunal Supremo, el consejero de Educación buscó una imagen de unidad del catalanismo (PSC, ERC, Junts, En Comú Podem y la CUP). Los socialistas no acudieron a la reunión. El PSC reclama a Aragonès que invite también a PP, Cs y Vox al pacto nacional, prueba de que el debate de la inmersión le incomoda.

Según concluyó el TSJC, a partir de datos de la Consejería de Educación, el uso de la lengua castellana en el sistema catalán de enseñanza es «residual». «Se constata una infracción del marco jurídico vigente», afirmó el alto tribunal catalán en el fallo que ahora ha provocado una tormenta política. La cuestión del catalán, no obstante, lleva décadas de litigios judiciales. El punto de inflexión fue la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de 2006. «Es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares». Esta frase del Constitucional alentó a los defensores del bilingüismo a buscar amparo en la justicia. Empezaron tres familias, a las que el TSJC y el Supremo dieron la razón: el Govern debe reintroducir el castellano «como lengua vehicular de la enseñanza», han afirmado las sentencias desde entonces. La Generalitat lo ignoró, hasta que en 2014 el TSJC fijó un mínimo del 25%. En todos lo casos, lo fallos hacían referencia a caso particulares y la sentencia solo se debía aplicar a la clase del escolar cuya familia lo había reclamado. Hasta la sentencia del TSJC de 2020, que hace extensivo el 25% a todo el sistema escolar. Según el Govern, solo 80 familias, desde 2005, han pedido escolarización en castellano.