Un amigo de Laura Borràs incrimina a la ex presidenta del Parlament

Herrero ha admitido los «trapis» y los «marrones» que tenía con Borràs. Era una forma de hablar, pero así se lo contó a un amigo, en una conversación intervenida por los Mossos y que fue el inicio de la investigación. Herrero ha confesado este lunes que esos «trapis» hacían referencia a los contratos amañados que facturaba a la ILC, como informático, y de los que ha dado pelos y señales, inculpando a la presidenta de Junts. Herrero habría cobrado 335.000 euros de la ILC. Para evitar los concursos públicos, ha señalado que pactó con Borràs dividir esa cantidad en 18 contratos para que no superaran los 18.000 euros necesarios para licitar un concurso público. «Acordamos dividir el trabajo en varios contratos« para «no sobrepasar los 18.000 euros», ha señalado.

Ha reconocido que él mismo presentaba tres presupuestos, con conocimiento de Borràs, uno era el real y los otros dos eran «comparsas» para dar apariencia de que el procedimiento de adjudicación era el adecuado. Amañaban el proceso. «Los contratos los hice yo», ha admitido, pero ha añadido que Borràs sabía no solo sabía que se hacían esos presupuestos falsos, sino que le proporcionaba los datos fiscales y los nombres de las empresas que optaban. «¿Y cómo sabía que tenía que presentar tres presupuestos?, ¿quién le dio esas instrucciones?», ha apretado la fiscal. «Me lo dijo la señora Borràs», ha confesado. En definitiva, ha señalado que lo que acordó con Borràs fue una especie de «contrato de trabajo encubierto» para encargarse de la gestión del portal web del organismo.

En su turno de palabra, Andreu Pujol, el tercer acusado en el juicio, también ha reforzado la tesis de la Fiscalía. Ha asumido los hechos. Ha señalado que recibía instrucciones de Isaías» y que los trabajos que hacían era una cosa y lo que salía en las facturas era otra. «Unas eran reales y otras no», ha afirmado. Forma parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía a cambio de la rebaja de penas para ambos. Herrero, como Borràs, se enfrenta a seis años de cárcel y Pujol, a tres. El primero fue condenado en 2019 a cinco años de prisión por tráfico de drogas y falsificación de moneda. Era amigo de Borràs. Está acusado de pactar adjudicaciones a dedo con Laura Borràs, mientras era directora de la institución de las letras catalanas (ILC), y está acusado de realizar contratos fraccionados para no pasar de los 18.000 euros y evitar concurso público y elaborar presupuestos «comparsa». El abogado de Borràs ha intentado desacreditar al acusado, recordando los problemas que tuvo en el pasado con el consumo de drogas. El tribunal ha cortado en seco a la defensa de la líder de Junts.

Herrero ha validado además los correos electrónicos que intercambió con la expresidenta del Parlament, donde se detalla el modus operandi del presunto fraccionamiento de contratos. La defensa de Borràs, liderada por Gonzalo Boye, ha pedido la nulidad de estos correos, pues a su juicio fueron obtenidos sin aval judicial y se rompió la cadena de custodia. En los correos, Borràs y Herrero se ponen de acuerdo sobre cómo hacer los presupuestos para que este último resulte el adjudicatario de los concursos. Según el acusado, la líder de Junts se ofreció incluso a hacer ella misma los presupuestos y le sugiere los nombres que puede emplear para los que usan de comparsa. En uno de los emails, traslada su «inquietud» pues cree que alguna funcionaria «no estaba de acuerdo en el procedimiento para hacer las facturas».

En el juicio contra la expresidenta del Parlament, este lunes han declarado los acusados. Estaba previsto que lo hiciera la presidenta de Junts, pero su abogado solicitó poder hacerlo al final de la vista. Adujo su derecho a defenderse, como consecuencia del pacto entre los acusados y la Fiscalía. «De ninguna manera he cometido ningún delito», ha subrayado Borràs después de que el presidente del tribunal le haya preguntado si se reconoce autor responsable de los hechos y delitos que le atribuye la Fiscalía tras leerle sus derechos. Borràs dará su versión de los hechos al final del juicio, previsto para el 1 de marzo.