Interior reitera que Policía Nacional y Guardia Civil han actuado «de acuerdo a la legalidad» en la frontera
Varias ONG aseguran tener constancia de múltiples menores que podrían haber sido devueltos de forma irregular
El Ministerio del Interior reiteró ayer que la Policía Nacional y la Guardia Civil han actuado «de acuerdo a la legalidad» en la gestión de ... la crisis fronteriza que sacudió a Ceuta la pasada semana. Es el balance que ofrece la superioridad de ambos cuerpos en respuesta a la investigación abierta por la Fiscalía de la ciudad autónoma, que persigue determinar si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o el Ejército vulneraron la normativa vigente al devolver 'en caliente' a un menor que acababa de cruzar la frontera a nado.
Pese a esta postura, la mayoría de oenegés que están tomando el pulso de la crisis fronteriza de la ciudad autónoma consideran que hay suficientes testimonios e indicios como para considerar sin demasiadas dudas que se han vulnerado los derechos de muchos menores de edad que llegaron a España los días 17, 18 y 19 de mayo. En concreto, desde el colectivo Maakum, que vela a diario por el bienestar de los niños de Ceuta, Joana Millán asegura que tienen constancia directa y fehaciente de más de veinte menores de edad que fueron devueltos a Marruecos a modo de rechazo en frontera, una práctica prohibida de forma expresa. «Estamos haciendo un seguimiento, pero cada día nos llegan más y más casos».
Desde Andalucía Acoge –que envió personal a Ceuta para tener ojos en la crisis–, ni siquiera se atreven a poner cifras. «Hay muchos indicios de devolución sin cumplimiento de la legislación, consideramos que el hecho de que se investigue cualquier actuación de las autoridades que genere dudas es lo adecuado y lo acorde al Estado de derecho», subraya José Miguel Morales, secretario general de la organización.
En Andalucía Acoge son conscientes de que la situación fue «generada por Marruecos» y, de hecho, piden a la Organización de las Naciones Unidas que investigue al propio Estado por su papel en la crisis. No obstante, considera que España no puede justificar la devolución ilegal de menores en lo «excepcional» de la situación. «Los valores democráticos y de derecho se ponen a prueba en situaciones de crisis o emergencia, en El Tarajal se tendría que haber demostrado un respeto escrupuloso con la ley», afirma Morales.
Por su parte, la responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Fabieres –que también se desplazó a Ceuta en el ecuador de la crisis–, considera oportuno que el Ministerio Público analice lo que ocurrió en la frontera, y cree que tuvieron lugar «numerosas devoluciones en ausencia de procedimiento sancionador». La experta en migraciones considera probable que el Estado se escude en la figura de los rechazos en frontera –devoluciones 'en caliente'– como una forma jurídica aceptada, pero recuerda que en menores «está prohibido», y que deben cumplir una serie de condiciones para que se puedan considerar como tal.
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