La acogida a la inmigración y sus perfiles se reactivan como fuente de confrontación

El Reglamento de Extranjería abrió la semana pasada la puerta a la regularización de 300.000 inmigrantes, pero las lagunas del texto (otros 200.000 aproximadamente no cumplen los requisitos para legalizar su situación) llevó al PSOE a reactivar una ILP que llevaba 13 meses parada y que permitiría dar papeles a todas las personas sin ellos llegadas a España antes de 2025. El PP, que hace un año apoyó la iniciativa, reaccionó asegurando que ahora «no dará un cheque en blanco al Gobierno», pero entidades con notable influencia en las filas del partido de Alberto Núñez Feijóo, como la CEOE, la Conferencia Episcopal o Cáritas, apoyan, por diferentes motivos, la regularización masiva.

Los empresarios aluden a la necesidad de mano de obra foránea en un momento de auge económico y laboral y los obispos y la ONG apelan a argumentos humanistas. «Hemos hablado con todos los partidos y lo seguiremos haciendo, y confiamos en que el PP apoye esta iniciativa pensando en el bien común porque no nos podemos mantener a tantas personas en situación irregular», señala Diego Fernández, miembro del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.

En los extremos del arco parlamentario, las posturas están más claras. Sumar y Podemos se muestran favorables a la ILP, e incluso reclaman unas condiciones más favorables para los inmigrantes, como la posibilidad de regularizar a todos los que ya se encuentran en España. En el otro lado, Vox ha expresado su total rechazo a la iniciativa, que considera «un arma política de Pedro Sánchez para reconfigurar el censo».

Entre las principales fuerzas nacionalistas, la disputa sobre los inmigrantes ha reemergido con fuerza. En Cataluña, Junts ha vuelto a exigir al Gobierno las competencias migratorias –pactadas ya con el PSOE, pero de incierto resultado en el Congreso– para prohibir el burka en los espacios públicos y el velo islámico en las escuelas, presionado por la pujante ultra secesionista de Aliança Catalana, que ha hecho de la lucha contra la inmigración su principal bandera. «Bienvenidos a la extrema derecha», ha espetado a los junteros la líder de su rival, Sílvia Orriols.

Mientras, en el País Vasco, el lehendakari Imanol Pradales realizó una polémica reflexión en un foro de El Correo al preguntarse «qué inmigración necesita» Euskadi y «cuál» es la que le «llega», unas palabras que fueron amplificadas por su partido, el PNV, al asegurar que esta comunidad tiene que ser «selectiva» para «incorporar a nuestra sociedad a aquellas personas que realmente necesitamos». El Partido Socialista de Euskadi, socio de Gobierno en Vitoria, rechazó la idea del PNV de «dar la bienvenida a los que queremos y rechazar al resto».

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, de los casi 49 millones de habitantes de España, nueve han nacido ya en el extranjero, lo que representa casi el 20% del total de la población. María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, explica que los flujos migratorios están en niveles máximos, pero que no existe una política de Estado para afrontar esta situación. «Parece que nuestra política migratoria se basa en la idea de 'vente y cuando estés aquí, ya lo arreglaremos', y eso nos impide saber en qué sectores necesitamos más trabajadores», subraya Miyar.

La experta de Funcas subraya que otros países buscan una «inmigración cualificada» que «facilita la integración de quienes vienen tanto en el mercado laboral como en la sociedad». «No debemos ser un país en el que las cosas se hagan solas. Tenemos que planificar la economía y el mercado de trabajo, lo que hará también que evitemos tensiones sociales», agrega Miyar.