La Abogacía acusa a la juez del 8-M de abrir una «causa general» al Gobierno por la crisis sanitaria

En un escrito remitido al juzgado en abril pasado, tras la apertura de la causa contra el delegado José Manuel Franco, a la sazón secretario general de los socialistas madrileños, la abogada acusa a la titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel, de abrir una «causa general» y «prospectiva» contra la gestión de la crisis sanitaria, que además vulnera las normativa de aplicación del estado de alarma por impulsar una investigación sin urgencia alguna.

Estas afirmaciones están contenidas en el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, en el que la Abogacía pide archivar el procedimiento y anular el auto que abrió la causa penal contra el delegado del Gobierno.

En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia arremeten contra la juez, que en su día instruyó el 'caso máster' de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, «por su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados, lo que desborda el ámbito competencial que ella misma ha acotado previamente para delimitar su competencia».

«Y solicita, añade el escrito, de la Policía Judicial que recabe información no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino de cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria«.

La defensa jurídica del Gobierno, ejercida por la misma abogada del juicio del 'procés', destaca del «carácter prospectivo de la investigación» porque la magistrada hizo «un esfuerzo argumentativo» por «motivar lo que ella misma reconoce difícil de apreciar», ya que «de la denuncia no se desprendía ningún indicio» de que el hecho por el que se investiga a Franco por presunta prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas) pudiera ser delictivo.

Asimismo, muestra su asombro por la «sorprendente celeridad» de la juez para admitir a trámite la denuncia de un particular, el abogado Víctor Valladares, en pleno estado de alarma pese a que tenía una normativa muy estricta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la suspensión de todos los procedimientos judiciales no esenciales.

Considera que «la apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma». Esto es así porque el decreto señala que, salvo las causas con presos o detenidos, el juez o tribunal competente solo podrá acordar la práctica de «aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables».

En suma, la Abogacía cree que la incoación de las diligencias previas el pasado 23 de marzo tras recibir la denuncia el día 20 es «injustificada» y genera una «clara indefensión» a Franco, que comparecerá el próximo 5 de junio como investigado, ya que la causa se inicia sin que el denunciado «pueda defenderse por mor de esa suspensión del plazo para recurrir».

Sucede que «se han acordado diligencias para investigar la actuación del delegado del Gobierno y se han iniciado las mismas, cuando no son urgentes ni inaplazables, pero suspendiendo el plazo para recurrir hasta que concluya el estado de alarma».

Entre estas diligencias están los informes pedidos al forense (cuyo resultado supuso retirar la acusación de lesiones imprudentes) o de la Guardia Civil de Madrid. Un escrito que motivó este lunes la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la comandacia regional, por «perdida de confianza» del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.