La gestora busca que el congreso del PSOE blinde su estrategia de oposición

«Vamos a fijar nuestras líneas rojas en aquello que para nosotros es básico defender pero con una actitud abierta para pactar con otras formaciones políticas pasos adelante que la sociedad española merece que se den en los próximos años» , defendió ayer el responsable de coordinar el documento político, Eduardo Madina. En la práctica, conforme a su propia explicación, se trataría de dar continuidad a la estrategia de oposición («oposición útil», la llama la gestora) que ya se ha venido aplicando desde el inicio de la legislatura el pasado noviembre y que implica una actitud transvesal de acuerdos con el PP pero también con otras fuerzas políticas.

«Lo hemos hecho subiendo, como no se había hecho en los últimos 20 años el Salario Mínimo Interprofesional; paralizando las reválidas, deteniendo la implantación de una ley lesiva contra los estudiantes y contra la educcación en nuestro país como era la LOMCE; empezando a desmontar paso a paso, una reforma laboral, la de Rajoy, que tiene ya acta de defunción firmada, y diciendo -ejemplificó el diputado vasco- que se ha acabado esto de cortar los suministros energéticos a personas que tienen pocos recursos».

Es del todo atípico que en una ponencia de un congreso se llegue a semejante detalle y la única explicación de este hecho novedoso está en el temor a que una eventual victoria de Pedro Sánchez haga saltar por los aires el trabajo realizado para reubicar al PSOE desde su dimisión forzada el pasado 1 de octubre, envuelto en la bandera del 'no' al PP.

Filtros orgánicos

La gestora no tiene, en realidad, capacidad de imponer nada. Como el resto de la ponencia, la «guía de oposición» podrá ser enmendanda por los militantes durante el proceso congresual que irá de abril a mediados de junio. Es más, el responsable de Organización y portavoz de la dirección interina, el andaluz Mario Jiménez, recordó ayer que las propuestas de modificación del documento marco se remiten después de la elección del secretario general por voto directo, en torno a un mes antes del cónclave por delegados. Eso sí, para ser discutidas tienen que pasar el filtro de los comités provinciales y regionales.

«El PSOE tiene derecho a fijar una posición de todo aquello que considera innegociable y a fijar una posición de todo aquello que considera negociable -argumentó Madina- y ese es un debate que se tendrá el 16, 17 y 18 de julio porque corresponde al conjunto del partido». El coordinador de la ponencia no niega que sea inusual que en un congreso se baje a tanto grado de detalle, pero alega que también este es un momento distinto, que la actual es una «legistlatura abierta» sin mayorías claras y que, por primera vez, siendo oposición los socialistas no tienen que renunciar a plasmar sus ideas en una «práctica política», aunque puedan verse obligados a modularlas.

El caso es que tanto en el PSOE como en el PP se da por hecho que, de ser secretario general, Sánchez pasaría de la negociación a la confrontación con el ejecutivo de Mariano Rajoy. Él mismo ha dejado claro que esa es su intención (en contra del discurso que mantuvo como candidato a la presidencia del Gobierno) y que su objetivo es la confluencia con Podemos. «Unir al progresismo», dijo el pasado miércoles en el acto de Castellón en el que prometió dejar en manos de la militancia los pactos de gobierno. Con la 'guía' la parte del PSOE que hoy tiene las riendas del partido quiere al menos acotar su margen de maniobra y construir una red.

Madina no detalló en qué «líneas rojas» se está pensando. Pero cuando se le planteó si la indisoluble unidad de la Nación española sería una de ellas, contestó afirmativamente. «La soberanía no es negociable, claro que no. Eso es algo que está bien descrito en la Constitución y no entra en el ámbito de la negociación», dijo. Tampoco lo sería, por ejemplo, la igualdad de hombres y mujeres.

La versión final de la ponencia, que abarca muchos otros asuntos, no se aprobará en todo caso hata el 25 de marzo (un mes antes en el caso de la parte económica). Será un trabajo colectivo en el que participarán 230 personas, incluidos catorce exministros socialistas.