Anticorrupción cerca a Trillo y Martínez-Pujalte por la 'trama eólica' en Castilla y León

La investigación se basa en un informe de la Agencia Tributaria que recoge el pago de unos 110 millones de euros entre cargos de la Junta, políticos y asesores, en supuesta connivencia con algunas empresas regionales, para favorecer la concesión de autorizaciones de medio centenar de los 241 parques eólicos sembrados en Castilla y León en la última década.

Las pesquisas dirigidas por el fiscal anticorrupción Tomás Herranz, que cuenta con tres equipos especializados desde hace un año, han puesto en el punta de mira a destacados responsables de la administración autonómica e importantes constructores de Valladolid. Pero también los negocios privados de históricos dirigentes del Partido Popular, quienes se lucraron por supuestos servicios de asesoramiento a través de sus despachos cuando eran parlamentarios.

Las diligencias de investigación de la Fiscalía, que sigue acumulando indicios antes de remitir la querella al juzgado, han estrechado el cerco sobre un peso pesado en el PP, Federico Trillo-Figueroa, embajador de España en Reino Unido, expresidente del Congreso y exministro de Defensa. También sobre los exparlamentarios Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Tormé, quienes no repitieron como diputado y senadora, respectivamente, en la últimas elecciones.

Tal y como apuntan fuentes jurídicas, la instrucción de Anticorrupción maneja que recibieron pagos sin justificación a través de sus respectivos despachos por parte del Grupo Collosa (Construcción y Obras Llorente, en la actualidad Corporación Llorente), una constructora de Valladolid especializada en obra pública y a quien la Agencia Tributaria señala como una de las beneficiadas por el sistema de aprobación de los parques.

El avance de las pesquisas de Anticorrupción ha provocado que Trillo y Martínez-Pujalte se hayan personado con abogado en las diligencias "para saber de qué se les acusa o investiga" y poder defenderse, según confirmaron fuentes fiscales. Un movimiento judicial que ya conocen en la dirección nacional del PP y que hace temer lo peor, sobre todo en el caso del actual embajador en Reino Unido. Las mismas fuentes señalan, no obstante, que la investigación de la Fiscalía no está cerrada y no se está ultimando la judicialización del caso, tal y como apuntan otros informantes.

Pagos de 425.000 euros

El despacho de la familia Trillo, Estudios Jurídicos Labor, que en la actualidad figura a nombre de tres de sus hijos, recibió 354.560 euros de 2006 a 2008 (unos 9.000 euros al mes) por tareas de "asesoramiento general y jurídico" a Collosa. Ante la inspección de Hacienda, Collosa aportó las facturas, pero no dio "ningún informe, dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo [...] que acredite la realización de los servicios prestados descritos en las facturas", según publicó el diario 'El País' en abril de 2015.

Tras finalizar el contrato en 2008, otra mercantil llamada Sirga XXI Consultores, creada en octubre de ese año por los entonces diputados populares Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Torme firmaron otro acuerdo similar. Tormé, natural de Valladolid como el Grupo Collosa, y Martínez-Pujalte, murciano como Trillo, recibieron 5.000 euros al mes por asesoramiento. En un año y tres meses facturaron 75.000 euros (la sociedad fue liquidada en agosto pasado, según el registro mercantil).

En cualquier caso, los implicados defendieron la legalidad de sus trabajos porque asesoraban verbalmente al consejo de administración. También que los pagos recibidos están al corriente con el fisco y que no incumplieron el reglamento de incompatibilidades del Congreso. En el caso de Martínez-Pujalte alegó que recibió permiso de la Comisión del Estatuto del Diputado para realizar, en genérico, tareas de asesoramiento como economista, su profesión.

Sin embargo, la diputada socialista por Valladolid, Soraya Rodríguez, afirmó tras conocerse estos pagos "que los diputados no pueden ser contratados o hacer valer su cargo informado para ejercer cualquier tipo de actividad mercantil", más si cabe de una empresa que trabaja con la administración pública. Asimismo, recordó que Pablo Trillo, hermano de Federico, fue nombrado secretario general de la Consejería de Economía de Castilla y León, departamento que está en el centro de la trama, meses antes de que se firmara el contrato de asesoramiento con Collosa.