El fiscal pide 54 años de cárcel para el ex número dos del PNV en Álava por corrupción

Alfredo de Miguel. /
Alfredo de Miguel.

Reclama durísimas penas para los principales encausados y pide 31 años de prisión para Aitor Tellería, otro de los peneuvistas supuestamente integrados en la trama

MARÍA REGOvitoria

Cuando están a punto de cumplirse seis años desde que estallara el llamado 'Caso De Miguel', la trama de corrupción centrada en Álava en la que están imputadas cerca de una treintena de personas, la mayoría de ellas con estrechos vínculos con el PNV, la Fiscalía alavesa ha hecho pública este viernes su relación de peticiones de pena para los encausados. El fiscal, Josu Izaguirre, reclama para el principal imputado una durísima pena: 54 años, 11 meses y 15 días por la comisión de hasta 21 delitos. Las acusaciones son múltiples: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos mercantiles, entre otras. Además, la Fiscalía solicita a De Miguel que deposite una fianza de 25 millones de euros. Izaguirre lo considera el cerebro de una "trama delicitiva" para el cobro de comisiones ilegales. Para Aitor Tellería, mano derecha de De Miguel y también burukide del ABB del PNV en el momento de los hechos, el fiscal pide 31 años de cárcel.

Una vez pronunciada la Fiscalía, la juez Eneida Arbaiza solicitará sus escritos primero a las distintas acusaciones y luego a las defensas. A continuación dictará auto de apertura de juicio ordinario que, dadas las turbulencias políticas, no se celebrará con toda probabilidad antes de final de año. El fiscal reclama en su escrito la comparecencia de hasta 88 testigos y múltiples pruebas documentales. De acuerdo a su informe, la trama ideada por De Miguel comenzó a gestarse en 2005, cinco años antes de su detención, y utilizaba su posición política para conseguir contratos públicos, participar en la recalificación de terrenos en localidades como Zambrana, Zigoitia y Lapueba de Labarca y cobrar comisiones por todo ello. El caso se destapó por la denuncia de una mujer de un bufete urbanístico a quien se encargó la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, en Álava, y a quien supuestamente se reclamó el pago de una comisión de 100.000 euros. La denunciante aportó grabaciones que desataron la investigación judicial sobre el asunto.

El juez Roberto Ramos, que dirigió durante cinco años la descomunal instrucción del mayor caso de supuesto cobro de comisiones y corrupción investigado en Álava, encausó finalmente a 26 personas, una veintena de ellas relacionadas directamente con el PNV. Les atribuyó una decena de delitos, entre ellos, presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones, falsedad en documento público, contra la Hacienda Pública y alteración del precio de concursos. En concreto, señaló en la cúspide de la trama a los burukides Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, así como a sus respectivas esposas, titulares de las empresas supuestamente utilizadas por los anteriores para el cobro de comisiones, Ainhoa Lasa, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia. Junto a ellos, imputó a tres directivos relacionados con los parques tecnológicos, Alfonso Arriola, Julián Sánchez Alegría y Miren Lourdes Bilbao y al constructor Jon Iñaki Echaburu.

También están implicados en la trama, de acuerdo al auto judicial, altos cargos del Gobierno de Ibarretxe y más singularmente de su Departamento de Cultura, que dirigía Miren Azkarate, como el exviceconsejero Gurutz Larrañaga y el exdirector de Juventud Xabier Sánchez Robles. También lo están la hermana de De Miguel, Aintzane; Iñaki San Juan, administrador de algunas de las empresas implicadas y otro ramillete de personas también presentes en el entramado societario creado supuestamente, de acuerdo a la instrucción del juez, para el cobro de comisiones: Iosu Arruti, su padre, Jesús Arruti; su hermana, Estíbaliz Arruti, el esposo de ésta, Gorka Errasti, Prudencio Hierro y Josu Montes. Completan la relación de imputados la alcaldesa de Zambrana, el pueblo alavés donde se preveía una jugosa recalificación de terrenos, Justina Angulo, también del PNV; y los empresarios que supuestamente iban a invertir en este negocio, Joaquín Sabater, Ramón Tomás Riba, Placid Casas y Francesc Fernández.

En su auto de imputación, el juez Ramos apuntó con claridad que de las diligencias de investigación había quedado "indiciariamente acreditada", en grado de probabilidad, "la existencia de una trama organizada en torno a la figura del imputado Alfredo de Miguel", quien contando con la ayuda o colaboración de otros imputados, algunos de ellos en ostentación de responsabilidades políticas, lideró "un entramada societario" dirigido a varios objetivos. Uno de ellos, citó textualmente, era "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones gobernadas por el PNV" (...) "llegando a cobrar o percibir en base a dichas contrataciones y en diversas ocasiones cantidades dinerarias por trabajos que nunca fueron realizados".

También se acreditó que el algún caso se solicitó el "pago de comisiones de las personas jurídicas o mercantiles que obtuvieron adjudicaciones de contratos diversos" y que también se solicitaron u obtuvieron pagos en base a negocios o contratos "simulados" o "no ajustados a la realidad que supuestamente enmascaraban el pago de comisiones" desde una de las mercantiles a otras para que se impulsara, concretamente, la recalificación irregular detectada en Zambrana.

El caso estalló en 2010

Las presuntas irregularidades estallaron el 17 de marzo de 2010, cuando la Ertzaintza detuvo a ocho personas acusadas de un presunto delito de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Los arrestados, que fueron puestos en libertad con cargos a las pocas horas, no eran ciudadanos anónimos. Formaban parte del núcleo duro del PNV alavés. En el listado figuraba Alfredo de Miguel, por aquel entonces diputado foral, hombre fuerte del partido en el territorio y vicepresidente segundo de la Caja Vital. También estaba Aitor Telleria, que formaba parte del Araba buru batzar.

Básicamente, la acusación se centraba en el supuesto cobro de comisiones ilegales derivadas de operaciones de compraventa de terrenos en el parque tecnológico de Miñano a través de varias sociedades. Desde aquel momento, sin embargo, la madeja se ha enredado de forma endiablaba con varias derivadas, como el pelotazo urbanístico en el municipio de Zambrana y hasta un supuesto espionaje a rivales políticos. La cifra de imputados rondó finalmente la treintena, aunque de la lista inicial se retiraron algunos nombres cuya implicación no se vio certificada.

Tras casi cinco años de investigaciones y toma de declaraciones, Ramos, con matices, mantuvo en su auto de imputación los argumentos con los que arrancó el caso. Es decir, reclamó la encausación de todos los implicados, con escasas excepciones. Y ello supuso, y supone ahora en este año electoral, todo un varapalo para el PNV a pesar de que, previsiblemente, el juicio no se celebrará hasta después de las futuras elecciones autonómicas de otoño. Nada más estallar el escándalo, el entonces presidente del Euzkadi buru batzar, Iñigo Urkullu, se esforzó en crear un cortafuegos para evitar que el incendio que estaba consumiendo al partido en Álava se extendiese al conjunto del PNV.

De Miguel y el resto de implicados fueron obligados a entregar sus carnés, en un proceso que generó una notable batalla interna. El lehendakari, entonces presidente del partido, les exigió que diesen un paso "al frente" y abandonasen la militancia, porque "no actuar con esa transparencia, con limpieza", significaba "situarse fuera del propio partido". Pero los aludidos tardaron en darse por enterados. Urkullu se lo pidió en julio de 2010 y no entregaron los carnés hasta enero de 2011, a escasos cuatro meses de unas elecciones forales que colocaron al frente de la Diputación al popular Javier de Andrés.

Diversos escándalos

Dentro del PNV contaban con importantes apoyos. De Miguel y Telleria eran de la máxima confianza de Iñaki Gerenabarrena, que en 2010 estaba al frente del Araba buru batzar. Y, a su vez, el dirigente alavés era uno de los principales apoyos de Joseba Egibar. El distanciamiento entre el político guipuzcoano y Urkullu hace cinco años todavía resultaba evidente. De hecho, Egibar denunció la "criminalización" que estaban sufriendo los imputados.

El problema para el PNV es que la tormenta reaparece en el peor momento posible: en un año electoral en el que Podemos, que ya ha ganado en territorios como Álava, podría amenazar la victoria peneuvista en las próximas elecciones autonómicas que se esperan para otoño. Tanto desde Sabin Etxea como desde la propia Lehendakaritza se han realizado notables esfuerzos por dibujar Euskadi como una isla a la que no le afectan los casos de corrupción que hay en el resto de España.