Alfonso Novo sale imputado del juzgado pero no renunciará al acta de concejal

Tras una declaración muy breve, de apenas 10 minutos, Novo ha dicho que ''no ha pasado nada nuevo'', respecto a su declaración ante la Guardia Civil, donde confirmó la aportación de 1.000 euros para la última campaña municipal ''por transferencia bancaria'', aunque negando que le hicieran la devolución de esa misma cantidad en dinero negro. "No me devolvieron nada; no sé a otros, que yo sepa, no", ha afirmado Novo.

En relación a las declaraciones de los testigos que afirman que vieron algo turbio y por eso se negaron a participar en las donaciones, Novo ha respondido: "ellos sabrán lo que dicen y por qué lo dicen".

Sobre su renuncia al acta de concejal ha dicho que tras una conversación con la presidenta del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, la decisión es esperar a que termine la ronda de declaraciones y se levante el secreto de sumario. "Yo espero, confío y deseo que se levante el secreto de sumario y se conozca con exactitud todo lo que hay en el expediente", ha agregado.

Sobre la situación en la que podría quedar el grupo municipal del PP, ha reconocido que no lo sabe y ha recordado que tuvieron una reunión con la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, "y el tema quedó suficientemente claro; tenemos una investigación en marcha pero no sabemos el contenido exacto". "Cuando declare todo el mundo, se abra el secreto de sumario y se sepa cual es el contenido real de las acusaciones, se tomarán medidas pertinentes a todos los niveles", ha puntualizado.

Preguntado por si cree que la exalcaldesa Rita Barberá conoce el supuesto blanqueo, ha dicho que no lo sabe y que ella ha realizado un comunicado, que ha visto en la prensa, y que ha leído que "ella aportó una donación".

Otro de los imputados que ha salido ya del juzgado ha sido el asesor Luis Salom, quien ha confirmado la aportación e igualmente ha negado que recibiera a cambio dinero negro para el blanqueo de capitales. Al seguir como investigado, el futuro laboral de Salom depende del alcalde Joan Ribó, quien ha anunciado que iba a despedir a todos los cargos de confianza que salieran del juzgado con esa condición.

24 detenidos

La semana pasada fueron detenidas 24 personas, entre las que se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva y expresidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el exvicepresidente de la corporación provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Corts, David Serra y la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón.

Asimismo, se encuentran el exgerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos; el exalcalde de Genovés y ex jefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis; la ex secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia. Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).

Para cinco de ellos, (Rus, Caturla, LLopis, Medina y García Fuster) el fiscal solicitó prisión, petición que fue denegada por el magistrado instructor por entender que no concurrían los dos motivos que había esgrimido el Ministerio Público: riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A los cuatro primeros, no obstante, el juez les impuso, como medida cautelar, la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

Todos los arrestados quedaron en libertad provisional aunque mantienen su condición de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales.