El PP incorporará a su tercer código ético desde el estallido de Gürtel el cese de sus cargos por apertura de juicio oral

El partido del Gobierno dedica un apartado completo de su programa, bajo el lema 'La España que queremos', a propuestas con las que pretende "reivindicar la política y combatir la corrupción". En él, presume, primero, de haber sido el partido que "más medidas y más reformas ha acometido para prevenir, perseguir y sancionar la corrupción" y aduce que si las normas aprobadas esta legislatura hubieran estado antes en vigor, "la mayoría de los casos que hoy alarman a los españoles no se habrían producido porque tendríamos mejores herramientas para detectar y frenar a los corruptos".

Ese es un planteamiento que se cuestiona, al menos parcialmente, desde la oposición. Aunque admite avances, el PSOE insiste a menudo en que la reforma del Código Penal que tipifica por primera vez como delito la financiación ilegal de los partidos, por ejemplo, no habría llevado a prisión a ninguno de los mencionados por el extesorero del PP Luis Bárcenas en sus famosos 'papeles' porque sólo contempla penas de cárcel si se rebasan los 500.000 euros, mientras que si la cantidad es inferior basta con el pago de una multa.

En todo caso, los populares hacen hincapié en que "hoy la corrupción se castiga con mayor dureza" y se comprometen a dar nuevos pasos tanto legislativos como de conducta interna en la misma dirección. Así prometen que todos los cargos del PP estarán obligados a dimitir y serán suspendidos si son encausados por delitos relacionados con la corrupción, pero fija el listón -igual que el PSOE- en la apertura del juicio oral, no en la imputación.

Ese limite, jurídicamente garantista, no habría librado, sin embargo, al partido de ejecutivo del daño causado por casos sonados como el de la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a la que finalmente se forzó a dimitir, no sin resistentcias, antes de las autonómicas y municipales de mayo por su imputación enlos casos Brugal o Rabassa; el de el exvicepresidente de la Diputación de Castellón, Enrique Crespo, o el de los diez miembros del PP valenciano que llegaron a ocupar un escaño en las Cortes Valencianas.

El PP se compromete, en todo caso, también a "potenciar" la 'oficina de recuperación y gestión de activos en materia de corrupción' para dedicar los recursos económicos procedentes de ese tipo de delitos a luchar contra el fraude. Y, además, asegura que creará "mas canales" y "medidas" para "proteger" a los trabajadores de las Administraciones públicas que se atreven a denunciar prácticas ilícitas. Pero no cita ninguna en concreto.