La Audiencia Nacional asume una causa de corrupción de Alaya

En un auto, el juez instructor José de La Mata ha considerado que en este caso concurre "una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil en la economía nacional", así como un perjuicio patrimonial en administraciones de Andalucía, Extremadura, Canarias, Madrid, Zaragoza, Barcelona y Valencia, además de una "compleja instrucción" derivada del elevado número personas físicas y jurídicas involucradas. La Fiscalía apoyó la competencia de la Audiencia Nacional para su investigación.

La resolución explica que los hechos que se investigan implican "la presunta existencia en la empresa Fitonovo S.L. de una actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos contratos público de servicios medioambientales". Relata que "la dirección de la mercantil creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela ('Caja B') que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos", en total 4,3 millones de euros.

Los hechos que se investigan, de acuerdo con el testimonio remitido y el auto de inhibición del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, del que era titular Mercedes Alaya, serían constitutivos de los delitos de cohecho, fraudes y exacciones ilegales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y fraude a la Seguridad Social, así como prevaricación, malversación, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales.