El pacto antiyihadista comienza a perfilarse con alguna línea roja salvable

Ayer la oposición en pleno ya rechazó esa figura durante la aprobación por el Congreso de la reforma del Código Penal, cuya tramitación continuará en el Senado y de la que se ha excluido la parte que regula los delitos de terrorismo para pactarse en una proposición de ley orgánica que se debatirá de forma paralela. Hoy también la prisión permanente revisable para delitos muy graves ha centrado las reuniones, pero el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha dejado claro que "no está sobre la mesa" del pacto y que, en cualquier caso, no tendría sentido que esa figura penal castigara los delitos más graves y no lo hiciera con los de terrorismo.

En este aspecto "caben pocos experimentos", ha enfatizado Martínez tras reunirse con PSOE, PNV, CiU y UPyD, ya que problemas de agenda han impedido que se sumarán a las reuniones -por separado y en el Congreso- la Izquierda Plural y el Grupo Mixto, con los que están en contacto y a los que han remitido el primer borrador. Convencido de que esa línea roja es un "escollo" salvable, el número dos de Interior ha pedido la ayuda de los grupos para que el texto final defina correctamente y con las palabras más exactas qué delitos serán considerados terrorismo y cuándo se entenderá que lo es el adiestramiento pasivo o la autoradicalización.

Basado en las doce enmiendas que el PP ya registró en diciembre al proyecto de reforma del Código Penal, el texto quiere fijar las nuevas tipologías de terrorismo, como la actuación de los lobos solitarios y otras formas que utilizan los yihadistas, ya que la legislación actual, de 1995, miraba hacia el modelo de ETA, contra la que ha sido eficaz. Otro de los escollos que tendrá que superar la negociación será precisar conceptos como el adiestramiento pasivo o la autoradicalización a través de la visita a páginas o foros de internet, con el objetivo de que la mera entrada a esas web de investigadores, periodistas u otros expertos quede salvaguardada de un posible delito de terrorismo.

El Gobierno ha expresado su voluntad de corregir todas estas imprecisiones, lo que ha sido valorado por los grupos y, en especial, por el PSOE, quien ha pedido que se reflexione sobre algunos supuestos que encajan difícilmente con un comportamiento terrorista. "Apuraremos el diálogo y las posibilidades de consenso hasta el último momento", ha prometido Martínez, quien espera las aportaciones de los grupos para que la próxima semana pueda ser redactado un texto definitivo y registrarse en la cámara baja a fin de que sea debatido en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones, en la primera quincena de febrero.

Abiertos al diálogo

Todos los grupos se han mostrado abiertos al diálogo y a analizar el primer borrador, si bien PNV, CiU y UPyD han reprochado al Ejecutivo las formas al no haber contado con ellos desde el primer momento y sí solo con el PSOE. Pese a que no han comprometido su voto final, los nacionalistas catalanes han recordado que siempre han estado con el Gobierno en la lucha contra el terrorismo y han manifestado algunas de sus reivindicaciones, como la posibilidad de que los Mossos d'Esquadra tengan acceso a las bases de datos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Una petición que ha compartido el PNV para la Ertzaintza. Su portavoz, Aitor Esteban, ha sido más duro y ha recriminado al Gobierno que no haya escuchado las peticiones del lehendakari en los dos últimos dos años para gestionar el final de ETA y ahora le pidan que se sume a un pacto unitario contra el yihadismo. Desde UPyD, su líder, Rosa Díez, ha puesto el foco en la necesidad de que el acuerdo lleve incorporado una dotación presupuestaria porque sin más medios personales y materiales "no habremos hecho más que la mitad de lo que teníamos que hacer".