Rajoy se queda solo con su plan anticorrupción

Mariano Rajoy, hoy en el Congreso./
Mariano Rajoy, hoy en el Congreso.

La oposición niega legitimidad al presidente para plantear una batería de medidas para la regeneración democrática

LUCÍA PALACIOSMadrid

Un día después de la dimisión de Ana Mato, el presidente del Gobierno ha prometido una respuesta a la corrupción «amplia, firme, eficaz y duradera». Así ha comenzado el pleno monográfico sobre este tema que hoy se está celebrando en el Congreso de los Diputados.

Durante su primera intervención, Mariano Rajoy ha obviado hablar de la renuncia de la ministra de Sanidad, pero, tras su turno de réplica y ante las constantes alusiones a este tema del resto de grupos, el jefe del Ejecutivo ha dicho que no iba a citar ningún nombre, salvo uno: Ana Mato. Y lo ha hecho para salir en su defensa leyendo el auto del juez Ruz. "La señora Mato solo aparece en la página 213 del auto en calidad de partícipe. El juez no considera que Ana Mato haya cometido delitos y alude a la ignorancia de la comisión de esos delitos", ha afirmado Rajoy, para poner punto y final a este tema recalcando que, entre la lista de imputados, no aparece la ministra.

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"Entiendo y comparto la indignación de los españoles. Todo el mundo sabe que han aparecido corruptos en mi partido, personas que fueron de mi confianza. He pedido perdón por ello", ha asegurado Mariano Rajoy en esta primera intervención.

"La corrupción es un hecho y los ciudadanos están hartos de contemplarla", ha continuado el jefe del Ejecutivo, quien, no obstante, ha tratado de justificar un poco los últimos escándalos aludiendo a que "todo lo que sale a luz habla más del pasado que del presente", además de afirmar que aunque parezcan muchos casos, al final siempre se están refiriendo a los mismos hechos.

"España no está corrompida, España tiene algunos corruptos", ha dicho con rotundidad Mariano Rajoy, quien ha reiterado constantemente la lucha de su partido por la regeneración democrática.

Paquete de medidas

Tras este primer discurso en el que Rajoy ha querido callar a las voces que critican la pasividad del Ejecutivo antes los casos de corrupción en el que se ha visto inmerso el Partido Popular, el presidente ha pasado a detallar los dos proyectos de ley que pretende aprobar, encaminados a combatir esta lacra: el del control de las finanzas de los partidos y el del alto cargo.

Basándose en la máxima de que "quien la hace la paga", Rajoy ha anunciado que aumentarán las penas "para que un corrupto se lo piense diez veces", recuperarán los bienes que ha sustraído y aumentará los plazos de prescripción de estos delitos para poder mejorar la respuesta penal contra este fenómeno. Asimismo, otro gran objetivo es agilizar los procesos judiciales y para eso sacarán 100 nuevas plazas de jueces y fiscales.

Otra de las piezas claves es frenar la corrupción en los partidos políticos y para ello el Gobierno prohibirá las donaciones de personas jurídicas, las donaciones de particulares que superen los 50.000 euros, las que sean superiores a 25.000 tendrán que ser registradas en el Tribunal de Cuentas, con la identificación del donante, y todas y cada una de las cantidades tendrán que ser públicas.

"Todos los partidos tendrán que presentar sus cuentas, independientemente o no de que reciban donaciones. Todos tendrán que ser más transparentes y democráticos", ha avisado el líder de los populares. El presidente, asimismo, ha anunciado hoy que se obligará a todos los partidos a garantizar que sus militantes participen en la elección de sus órganos de dirección y, en caso de no hacerlo, esa fuerza política será extinguida. Para ello, aseguran fuentes del Gobierno, se dará un plazo máximo de tres años para adaptarse a esta normativa. Asimismo, los bancos no podrán condonar las deudas a los partidos, ni total ni parcialmente, ni pactar condiciones financieras por debajo de las condiciones de mercado.

Sobre las medidas de control de los altos cargos, se les exigirá la elaboración de una declaración responsable en el momento en que sea nombrado, y la carencia de antecedentes penales por determinados delitos. Sus actividades, bienes y derechos deberán ser declaradas con detalle al inicio y al final de su cargo, de modo que se pueda detectar cualquier señal de enriquecimiento ilícito, irregular o injustificado. Los gastos de representación estarán mejor regulados en la ley y estará prohibido el uso de tarjetas de crédito para abonarlos. Se reforzará el control de las incompatibilidades por medios de la oficina de conflicto de intereses.

Uno de los anuncios que mayor número de aplausos ha concitado es el de que cada seis meses se enviará al Congreso un informe sobre los indultos.

La oposición

Al PP le han llovido críticas del resto de los partidos, que opinan que no tiene credibilidad para hablar de corrupción, además de argumentar que esta batería de medidas llegan tarde. "La crisis política es más honda y más extendida de lo que usted se muestra dispuesto a aceptar", le ha reprendido Pedro Sánchez. El líder de los socialistas le ha instado al presidente a "dar nuevas explicaciones y asumir responsabilidades" tras la dimisión de Mato.

"¿Quién va a asumir en el PP la responsabilidad política de ser partícipe a título lucrativo de Gürtel?", ha espetado, por su parte, el portavoz de IU. Cayo Lara considera que Rajoy "se está riendo de todos los españoles" cuando habla de corrupción y le reprocha que las medidas que ha anunciado en el pleno de hoy hayan tardado tanto.

En esta misma línea de descreimiento se ha manifestado la portavoz de UPyD: "¿Como quiere que le crean?". Rosa Díez ha dado a Rajoy las recetas para luchar contra la corrupción: "Independencia de las instituciones y los poderes, terminar con los privilegios de los políticos para que los ciudadanos vean que predicamos con el ejemplo, dotar de fondos públicos a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Cuentas, y más legislación".

Finalmente, los dos proyectos de ley han superado su primer test en el Pleno del Congreso al rechazarse las enmiendas de totalidad presentadas por el PSOE, que presentó su propio texto alternativo, y por Izquierda Plural, UPyD y BNG, que pedían la devolución de los proyectos al Gobierno. El PP ha tumbado esas enmiendas, mientras que los nacionalistas catalanes y vascos han optado por la abstención.