El juez anula el tercer grado de Matas

La decisión del juez castellano leonés se basa en considerar que no hay reeducación del interno y sí riesgo de ruptura de la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho.

De Marcos es especialmente duro en su resolución con el Gobierno e Instituciones Penitenciarias, al que recuerda que está condenado por delitos de corrupción política. "No cabe tolerar comportamientos que en vez de servir con objetividad los intereses generales sirven únicamente su mezquino interés privado, propio o de tercero. Si la aplicación de la norma es susceptible de proyectar sobre la comunidad la sensación de vaciamiento e incluso cierta impunidad, cosa que puede ocurrir por la clasificación prematura en tercer grado de un interno, los fines de la pena pueden verse pervertidos, máxime en un delito de la naturaleza del que nos ocupa, tráfico de influencias, caracterizado por el abuso de la confianza depositada en un cargo público, y en un momento de gran sensibilidad social al respecto", recuerda el magistrado.

El juez incide en que la excarcelación de Matas supone un "riesgo de ruptura en la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático, en la validez del propio Estado de Derecho". Y que esta situación "no puede ser obviada por los jueces, siendo uno de los parámetros de interpretación de las normas la realidad social del tiempo en el cual han de ser aplicadas".

Además, recuerda la resolución el expresidente no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento. "No hay prueba alguna de la existencia del arrepentimiento, asunción del hecho, conciencia del daño causado y del descrédito causado a la Institución Pública. Lo único que cabe afirmar es que el interno ha hecho hasta el último momento, legítimamente, todo lo que ha podido para no cumplir la pena, siendo el último instrumento el indulto que fue rechazado por el Consejo de Ministros en julio pasado", afirma De Marcos.

Recurso de la Fiscalía

El magistrado estima así el recurso de la Fiscalía de Valladolid, que el pasado 6 de noviembre recurrió la decisión del Ministerio del Interior de conceder del tercer grado penitenciario al expresidente de balear Jaume Matas, condenado a nueve meses de cárcel por prevaricación y que a principios de mes salió en libertad con la única obligación de volver a dormir a prisión de lunes a viernes.

El Ministerio Público basó su recurso que ahora ha sido aceptado por el juez en los informes de la Junta de Tratamiento de la prisión segoviana que, por cinco votos contra tres, recomendó a Instituciones Penitenciarias mantener entre rejas al exministro de José María Aznar.

Los técnicos penitenciarios a los que cita en su informe la Fiscalía se manifestaron en contra de conceder la semilibertad al preso por cuatro «factores de inadaptación»: «alarma social, no cumplimiento de la mitad de la condena, ausencia de permisos que permitan valorar su adaptación y no asunción de la responsabilidad delictiva». La opinión mayoritaria de los expertos fue que «el internamiento efectivo es el único modo de concienciar al delincuente de su mal comportamiento social». Matas «es buen preso, pero mal ciudadano», fue el dictamen del órgano consultivo.

A pesar de que este informe fue mayoritario en la junta (votaron a favor de mantener en segundo grado a matas el jurista, jefe de servicios, psicóloga, educador y trabajadora social), el responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ordenó su puesta en libertad basándose en la opinión minoritaria del director, subdirector y subdirector jefe de los servicios médicos.

Interior, desoyendo por completo el criterio mayoritario de la Junta de Tratamiento y sin mencionar ni uno solo de los planteamientos de los técnicos que no veían adecuada su puesta en libertad, decretó su progresión de grado por la «capacidad del interno para una normal convivencia», «la ausencia de peligrosidad social», «la antigüedad de los hechos por los que cumple condena el interno», «la primariedad delictiva» de Matas que no tenía antecedentes; la «escasa cuantía de la condena (nueve meses)» y la «buena conducta observada en prisión».

Ahora, recibido el escrito del fiscal, el juez dará traslado del mismo a Jaume Matas que en un plazo de cinco días podrá alegar lo que alegue oportuno. A mediados de noviembre el magistrado decidirá si confirma o revoca el tercer grado del expresidente. Una decisión, no obstante, que puede ser recurrida en reforma ante el propio juez de vigilancia o en apelación ante el tribunal que condenó a Matas, en este caso la Audiencia Provincial de Mallorca.

El ministro del Interior, a pesar del recurso de las Fiscalía, siguió defendiendo con el mismo vigor que días pasado la decisión de Instituciones Penitenciarias de progresar de grado a Matas a pesar del escándalo social. Jorge Fernández insistió en que Yuste «cumplió escrupulosamente con la ley» y que la excarcelación ordenada tiene todo tipo de amparo normativo, aun con el informe en contra de los expertos.