La Audiencia permite a Ruz seguir investigando las torturas en Guantánamo

Los 20 magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han dado por unanimidad este respaldo a la decisión de Ruz en un auto en el que rechazan el recurso de queja de la Fiscalía.

Al igual que en los otros casos que se han revisado tras la reforma, que entró en vigor en marzo, la Fiscalía entendía que Ruz debía dictar la conclusión de sumario y que era de aplicación por parte de la Sala, y no por el juez de instrucción, la disposición transitoria de esa nueva ley. Una disposición que establece que las causas a las que afecta esta norma "quedarán sobreseídas" hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos que ahora se establecen para mantener abiertas las causas de justicia universal.

Sin embargo, la Sala, en su auto, del que ha sido ponente el magistrado Enrique López, considera que el sumario aún no está concluido y debe permitirse al juez cumplimentar las diligencias acordadas en la resolución recurrida por el ministerio público.

Argumentos de Ruz

Ruz acordó el pasado 15 de abril seguir instruyendo este asunto al observar que si decretaba el archivo se crearía "una evidente colisión" entre la reforma "y las obligaciones contraídas por España en virtud de los tratados internacionales".

Por ello, optó por reiterar la comisión rogatoria que libró en enero a Estados Unidos para conocer si allí se están investigando las supuestas torturas al español Hamed Abderrahman, 'Hmido', y al marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, relatadas en la querella interpuesta contra el expresidente de EE UU George W. Bush y otros cargos norteamericanos, como el exvicepresidente Richard Cheney y el ex secretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld.

Comisión rogatoria

'Hmido', representado por el abogado Marcos García Montes, fue entregado a España tras permanecer recluido en Guantánamo y en 2006 el Tribunal Supremo le absolvió del delito de pertenencia a Al-Qaida por el que la Audiencia Nacional le había condenado a seis años de cárcel.

El pasado 23 de enero, el juez libró esta comisión rogatoria para que le informaran de si existe o no una investigación sobre estas dos personas y otros dos expresos que se personaron en la causa, Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes. El principal objeto de esta diligencia es delimitar si en este caso se da el principio de subsidiariedad, es decir, si los tribunales españoles son competentes para investigarlo porque los estadounidenses no lo hacen o si, de lo contrario, las autoridades norteamericanas tienen un procedimiento abierto, lo que descartaría a la jurisdicción española.

En marzo de 2012, Ruz ya reiteró la petición de información a EE UU sobre si estaban investigando los mismos hechos, a los que atribuía "un vínculo de conexión relevante con España", en vista de la falta "absoluta" de respuesta de otros requerimientos remitidos en mayo, agosto y octubre de 2009 y en enero y septiembre de 2011.

También preguntó el magistrado a la Fiscalía si debía investigar al propio Bush por las torturas denunciadas por los cuatro expresos y el ministerio público estimó que no debía hacerlo porque no existía ningún elemento que permitiera identificar a los responsables de los delitos. Además de Bush, Cheney y Rumsfeld, la querella se dirige contra los generales Michael Lehner y Geoffrey Miller, responsables del campo de detención.