Jordi Pujol Ferrusola habría cobrado comisiones millonarias por intermediar en obra pública

Fuentes de la investigación han explicado que el informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera) entregado el pasado día 13 de junio al juez Ruz detalla numerosas operaciones de las que sospecha que fueron realmente el cobro de comisiones ilegales, si bien no hace un cálculo del montante recibido por todas las operaciones detectadas.

Uno de los casos detallados son las cantidades recibidas en relación con la reforma de la Gran Vía de Hospitalet de Llobregat, una obra pública de calado licitada por organismos de la administración pública catalana. En 2002 una UTE (unión temporal de empresas) formada por una gran constructora y el Grupo COPISA, propiedad de Jordi Pujol, consiguió la adjudicación del proyecto, que tuvo un montante inicial aproximado de 90 millones de euros.

«Pagos diferidos»

Estas obras fueron concedidas cuando era conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat Felipe Puig Godes, hermano de Jordi Puig, quien participa junto Pujol Ferrusola en variados negocios que "dejaron pingües beneficios a ambos", según las fuentes. El informe policial destaca, no obstante, que la conexión directa de la adjudicación del proyecto de Hospitalet "con las plusvalías ilícitas que se presumen gestadas no es posible porque no existen documentos que así lo indiquen" y carece de sentido reclamarlos a la empresas implicadas, añadieron las fuentes.

Sin embargo, la UDEF afirma que su experiencia en investigaciones anteriores indica que estas circunstancias son "salvables", como se puso de manifiesto en la investigación del caso Palau de la Música. En la documentación intervenida en dicho asunto se apreció, según el informe citado por la fuentes, que una constructora había efectuado pagos diferidos en el tiempo por adjudicaciones y licitaciones que habían ocurrido con bastante anterioridad, en función de un porcentaje que se desviaba "para el enriquecimiento de particulares y financiación de un partido político".

Según las fuentes, el informe de la UDEF que tiene el juez Ruz también refiere como otra empresa de Pujol Ferrusola, Proyect Marketing CAT, facturó 154.048 euros en los años 2008 y 2009 de EMTE S.A., de la que es responsable Carles Sumarroca, vinculado al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y cuyas empresas han tenido grandes ingresos provenientes de negocios del ámbito público. La documentación obtenida por la Policía indica que la empresa de Jordi Pujol Ferrusola cobró esa cantidad por servicios de consultoría para la eventual implantación en México de EMTE o alguna de sus filiales.

Empresas sin trabajador ni sede social

Aunque la Policía no desacredita que ese negocio existiera de verdad, explica al juez que no se ha logrado dato alguno que permita verificar tal trabajo porque EMTE ha contestado que no dispone de las facturas ni los documentos. Lo mismo ocurre con otros negocios en los que ha intervenido el hijo del expresident, cuya labor consiste, según la UDEF, en dar información sobre posibles negocios y ejecutar una "gestión personalista" a través de empresas que no disponen de trabajador alguno ni sede social.

De la investigación, la Policía concluye que Pujol Ferrusola se ofrecería como experto en diferentes materias, como la intermediación inmobiliaria en distintos lugares de la geografía española (Madrid, Hospitalet, Tarrasa y Albacete), el negocio de las refinerías petrolíferas y el desarrollo de plantas fotovoltáicas. También destaca su actuación como bróker especialista en compraventas de participaciones de empresas, tanto nacionales como internacionales, que van desde la construcción a la explotación de una residencial de club de golf.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado para el 15 de septiembre a Jordi Pujol Ferrusola y a su mujer, Mercé Gironés Riera para que declaren como imputados en la causa en las que les investiga por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. Según la investigación, Pujol Ferrusola movió 32,4 millones de euros en trece países, entre ellos Suiza, Islas Caimán, gabón y Liechtenstein, entre los años 2004 y 2012.