El Ejército del Aire asume el descontrol en el fraude que implica a 46 militares

El informe de la Dirección de Seguridad y Protección de la Fuerza, del cuartel general del Ejército del Aire, está fechado a 20 de julio de 2012 bajo el epígrafe 'Posibles actividades irregulares cometidas por el Teniente David Hernández Calet', el principal acusado del caso. La nota, a la que ha tenido acceso este periódico, va dirigida al entonces jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, general José Jiménez Ruiz, que una semana después sería sustituido por el Gobierno, junto al resto de los jefes de los Ejércitos, por el general Francisco Javier García Arnáiz, que firma la nota. Entre las «comprobaciones realizadas» por la sección de información interna se resume el modo de operación que tenía el teniente Calet y el resto de imputados en el fraude. Es decir, la forma de cobrar la indemnización por traslado forzoso sin levantar sospechas. Cada militar que lo solicitaba recibía una media de entre 3.000 y 3.500 euros, según el destino y la distancia de la mudanza.

Así, los investigadores desmienten que las facturas originales se guardasen «en un cajón», como declaró el supuesto cabecilla a los dueños de una de las empresas de mudanzas utilizadas en el fraude. Sin embargo, añade la nota interna, «sí es cierto que Hacienda difícilmente puede controlar las mismas, ya que la Pagaduría (del Ejército del Aire) cuando abona a particulares (en este caso al militar afectado por el traslado a otra base) no realiza ninguna gestión informática que permita a Hacienda conocer que una empresa (de mudanzas) ha percibido ingresos por servicios e IVA». Dicho de otra forma, se asume la falta de control del servicio económico del Ejército y la imposibilidad de que los inspectores de Hacienda hubieran dado con el fraude. Curioso es también que el general Jiménez Ruiz, jefe del Estado Mayor del Aire, conoció estas «posibles actividades irregulares» cuando ya estaba preparando las maletas y meses antes de que un juzgado abriera diligencias, según recoge el sumario del caso.

«Error tipográfico»

El 'caso Mudanzas' lo destapó en julio de 2012 un funcionario de la base de Getafe encargado de supervisar las cuentas. Fue en uno de los tres presupuestos de mudanza que presentaba cada solicitante, y que contenía «un error tipográfico» de una factura. Tras una serie de indagaciones la compañía SDR Mudanzas, de Madrid, denunció ante un juzgado que estaban usando su nombre para falsear los justificantes. Así se descubrió que había otras cinco compañías utilizadas y que la malversación podía ser masiva.

Las pesquisas continúan abiertas a la espera de que el juez procese a los imputados o dictamine el sobreseimiento de sus procedimientos. La causa llegó a tener más de 150 militares investigados, pero se ha reducido a 46. Un volumen que ha llegado a repercutir en el funcionamiento de algunas unidades aéreas, ya que el Ministerio de Defensa suspendió de sus funciones a algunos de los implicados. De momento hay un comandante y varios tenientes, capitanes y sargentos imputados que están destinados en las bases aéreas de Murcia, Zaragoza, Madrid, Canarias, Sevilla, Albacete o Palma de Mallorca.

Aunque no existe una cifra cerrada, las estimaciones del dinero presuntamente malversado podrían oscilar entre los siete y los 10,5 millones de euros, según el testimonio del teniente Hernández Calet, de 35 años y destinado en la base de Son San Juan de Palma de Mallorca. Según el sumario, el oficial se jactó ante el propietario de una empresa de mudanza investigada que «durante cinco o seis años» venía produciéndose el fraude, entre 2008 y 2012, y que «fue una práctica habitual entre gran parte de las promociones 58 a 61 al salir de la Academia General del Aire».