El BEI expresa su respeto por la dimisión de Magdalena Álvarez como vicepresidenta

El presidente del BEI, que asumirá temporalmente las responsabilidades de Álvarez, agradeció a la exvicepresidenta su labor durante los últimos cuatro años, en especial su apoyo a España y Portugal "en momentos críticos" a través de nuevos instrumentos financieros y el aumento de la visibilidad del banco en América Latina y Asia, según el comunicado."Espero sinceramente que la investigación en curso conduzca a un resultado positivo para ella", añadió.

El BEI espera que la designación del sucesor de Álvarez en el comité de dirección se produzca "en un futuro próximo".

Los nueve miembros del comité de dirección son nombrados por el Consejo de Gobernadores, a propuesta del Consejo de Administración, para un mandato renovable de seis años.

Álvarez fue nombrada vicepresidenta del BEI en junio de 2010, en representación de España y Portugal. En el comité de dirección, que es el órgano ejecutivo permanente del BEI y está compuesto por un presidente y ocho vicepresidentes, España y Portugal comparten un puesto.

El BEI destaca que sus actividades han sido de alta importancia para España, que es el mayor receptor de préstamos procedentes de esta entidad cada año de su mandato.

"Ha sido particularmente activa en el aumento de la participación del BEI en los préstamos a pymes, lo que ha contribuido al crecimiento y el empleo en circunstancias económicas difíciles", afirma la entidad.

También destaca su labor en Portugal, donde ha actuado de manera proactiva y efectiva, al asegurar la implicación continua del BEI en proyectos financieros, como la concesión de 1.500 millones de euros para cofinanciar proyectos con fondos europeos.

La firma de la garantía de Estado que permitió prestar apoyo financiero a la economía portuguesa, en particular a las pequeñas y medianas empresas, fue otro de los pasos importantes durante su mandato.

La renuncia de Álvarez se produce después de que un tribunal español ratificara su imputación a principios de mayo en un caso de presunta corrupción relacionado con el desvío de fondos en la tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en la región de Andalucía.