Nóos, una pesadilla de dos años y medio

Desde que el 7 de noviembre de 2011 estallara el caso Nóos con el registro policial de la sede en Barcelona del instituto que presidía Iñaki Urdangarin, Zarzuela se ha visto incapaz de contrarrestar la riada de informaciones que apuntalaban que el yerno del Rey se había lucrado, precisamente, usando el nombre de la Corona. Todos los cortafuegos y todas las estrategias de comunicación puestas en marcha por Zarzuela para intentar poner coto al primer escándalo de corrupción que afectaba a la Jefatura del Estado fueron sobrepasados por los hechos, por las pruebas que llegaban al Juzgado de Instrucción 3 de Palma y por los mails comprometedores del socio de Urdangarin, Diego Torres.

Cada anuncio de nuevas medidas de transparencia y austeridad en la Corona se veía eclipsado por nuevos informes policiales o de Hacienda y nuevos correos electrónicos que dejaban en muy mal lugar no solo ya a Iñaki Urdangarin, sino a Cristina de Borbón, a los asesores y abogados de la propia Casa Real y, a veces, al propio jefe del Estado.

Poco pudo imaginar también el Rey que aquel mensaje de Navidad de 2011 no iba a ser el punto final de aquel annus horribilis de la Monarquía, sino más bien el principio de los problemas. Solo cuatro días después de que don Juan Carlos dijera aquello de que «la justicia es igual para todos porque vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley», el juez José Castro imputaba a su yerno, quien pasaba a convertirse en el primer miembro de la Corona española en estar acusado formalmente de un delito.

Paseíllo

Zarzuela, que tardó en digerir la idea de que el marido de la mismísima hija del Rey iba a terminar haciendo el paseíllo de los imputados en los juzgados de Palma, creyó ser capaz de dar por zanjado el asunto con la declaración de Urdangarin ante el juez en febrero de 2012. El yerno del Rey fue con la lección bien aprendida y durante dos días desvinculó a la infanta y, sobre todo, a la Casa Real de sus negocios.

Pero en su estrategia hubo dos errores fatales para la imagen de la Casa Real. El primero, el de confesar que Zarzuela en 2006 estaba al tanto de sus irregularidades al frente de Nóos, hasta el punto de que el propio abogado y amigo del Rey, José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, le ordenó dejar ese instituto.

El segundo gran error de Urdangarin fue que su táctica de desentenderse de todo y de desvincular al Rey o a la infanta de Nóos incluía también culpar de todo a su exsocio. Y ahí despertó a la bestia. Diego Torres y su abogado, Manuel González Peeters, llegaron a la extraña conclusión de que su única tabla de salvación pasaba por dañar la imagen de la Casa Real y de don Juan Carlos a golpe de correos electrónicos. Las andanadas en forma de mails de Diego Torres comenzaron en abril de 2012 y durante un año supusieron una espada de Damocles para Zarzuela, incapaz de predecir qué había en esos correos.

El exsocio traidor tuvo en jaque a la Jefatura del Estado durante meses con los correos electrónicos que apuntaban a que el monarca intermedió en los negocios del duque de Palma después de ordenarle romper con Nóos. Correos sobre los que la Casa Real jamás quiso manifestarse, en los que Urdangarin comentaba a su socio que el jefe del Estado estaba en contacto con las autoridades valencianas para conseguir la participación de la nueva fundación del duque en la Copa América o que el Rey, incluso, estaba mediando con entidades financieras para buscar financiación a la nueva aventura empresarial de su yerno.

Expulsado

2013 empezó peor de lo que acabó. Se veía venir el enésimo annus horribilis para el Rey a cuenta de Nóos. Zarzuela se apresuró a expulsar por la puerta de atrás a Urdangarin de la Casa Real, suprimiendo de su web cualquier referencia al yerno, pero la operación tuvo muy poco eco.

Torres y González Peeters había endurecido su ofensiva de mails, ahora directamente apuntado al jefe del Estado y a su asesora e íntima amiga, Corinna Sayn-Wittgenstein. Eran nuevos correos que ahondaban en la relación del Monarca con la princesa y que revelaban las supuestas gestiones del Rey con Corinna para conseguir colocar al duque como responsable de una afamada fundación.

Parecía imposible que las cosas fueran peor para la imagen de la Corona en el caso Nóos. Los correos no cesaban de aparecer en los medios casi cada semana; Urdangarin volvía a hacer el paseíllo; el juez imputaba al asesor personal de las infantas, Carlos García-Revenga, y llamaba a declarar como testigo a abogado del Rey, el conde de Fontao...

Pero todo iba a empeorar. En abril de 2013 el juez Castro dio el paso que más temía Zarzuela: imputar a Cristina de Borbón como cómplice de los delitos de su marido. La Audiencia Provincial de Palma dio un respiro en mayo, al suspender la declaración de la hija del Rey, pero dejó abierta la puerta a la infanta pudiera volver a ser llamada.

Y así fue. En enero de este mismo año, Castro volvió a imputar a la infanta como corresponsable de los delitos fiscales de su marido. Tras varios tira y aflojas judiciales, la hija del Rey terminó declarando el pasado febrero. Aunque no llegó a hacer el paseíllo, la imagen de Cristina de Borbón a las puertas de los juzgados de Palma marcará para siempre las últimas semanas de Juan Carlos I de España en el trono.