Los abogados de víctimas de accidentes denuncian la mala praxis de las aseguradoras

Estas modificaciones, que están negociando UNESPA y el Consorcio de Compensaciones de Seguros junto con las mayores asociaciones de clínicas privadas, suponen desde su punto de vista, un grave perjuicio ya que dejaría fuera de cobertura a un 78% de los afectados víctimas de accidentes.

Según explican, en la modificación se pretende incluir una adenda o añadido al Convenio ya firmado con la fórmula física «Delta V» que mide la velocidad con la que impactan los vehículos. Esto es cuantificar y valorar el coeficiente de aceleración-deceleración de la colisión y con ello determinar si a una velocidad baja (6 km/h) es posible que se puedan producir daños significativos o lesiones personales.

Este apéndice que recibiría el nombre de «Umbral lesivo», sería una causa de rechazo para admitir a los lesionados de cervicales que, según el Informe de la Comisión de Seguimiento en el año 2.018 fueron el 77,42% de las víctimas.

«Esto es algo gravísimo porque el posible acuerdo, y la aceptación del mismo por parte de las asociaciones de clínicas privadas, supone un precedente muy peligroso, ya que sus representantes que no son médicos ni físicos, ni se apoyan en ellos para su firma. Con ello van a aceptar una cosa inaudita y es la existencia de un umbral lesivo en base a una formulación teórica sin sustento científico alguno, causando un gran perjuicio a las víctimas afectadas por lesiones menores en columna vertebral, provocando que se queden sin asistencia sanitaria. Indicar que estas teorías de la biomecánica de los accidentes que desde hace años está intentando introducir el sector asegurador, ha sido rechazado mayoritariamente por la Jurisprudencia menor que, en aproximadamente en un 95% de los casos, las Audiencias Provinciales han fundamentado que prima la historia clínica del paciente frente al coste de reparación de los daños de los vehículos, siendo una realidad manifiesta que se pueden producir lesiones incluso sin la existencia de daños en los automóviles», asegura Manuel Castellanos, Presidente de ANAVA-RC.

A través de estos convenios con el sector público y privado son las aseguradoras del ramo las que se hacen cargo de los costes de la asistencia sanitaria de las víctimas y, poco a poco,» han logrado que los criterios de cuidado y tratamiento médico en vez de regirse por criterios clínicos y sanitarios de una asistencia de calidad, se conviertan en criterios económicos de ahorro, consiguiendo que sean las propias aseguradoras las que impidan o limiten la asistencia sanitaria de muchas víctimas de accidentes», explica Castellanos.

Por ejemplo, los accidentados con lesiones en las cervicales son englobados en un módulo de coste fijo en el que tienen derecho, como mínimo, a ser reconocido por un especialista, a pruebas diagnósticas (Rx ó RNM) y a un tratamiento de rehabilitación con una media de 25-30 sesiones.

Pues bien, como el coste es fijo para todo ello, se haga o no, se está observando la mala praxis que muchas clínicas concertadas, con la permisividad del especialista y de las aseguradoras. De tal modo, que en muchas ocasiones solo se ofrecen 7-10 sesiones de rehabilitación y dan el alta al paciente sin realizar pruebas diagnósticas con recomendación de ejercicios de estiramientos domiciliarios. Todo ello con el respaldo de las aseguradoras pues con ello se consiguen que las reclamaciones indemnizatorias sean más bajas al disminuir el tratamiento médico y rehabilitador.

En este sentido, las principales asociaciones del sector que defienden a las víctimas de accidentes de tráfico han hecho frente común para frenar que esta ampliación del convenio avance y han pedido estar presentes en las próximas negociaciones.