Los «paraísos fiscales» del impuesto de circulación provocan diferencias de hasta el 900%

El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos; y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de los territorios históricos del País Vasco y Navarra.

La ley permite a los ayuntamientos incrementar discrecionalmente dichas cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, situación que ocurre en 12 de las 52 capitales de provincia españolas, según recoge el informe de Automovilistas Europeos Asociados AEA.

También la ley permite aplicar bonificaciones de hasta el 75 por ciento en función del carburante y las características de los motores, e incluso exonerar del pago del impuesto en el caso de los vehículos históricos y de más de 25 años, gracias a la modificación que AEA consiguió introducir en 1999 en la Ley de Haciendas Locales. Desde entonces, cientos de miles de automovilistas se han ahorrado el pago de este impuesto a cambio de conservar un patrimonio que forma parte de una determinada época de producción automovilística.

«Pero es esta facultad discrecional de los ayuntamientos -señala AEA en su informe- lo que ha desvirtuado la finalidad del sistema tributario y ha dado lugar a la creación en España de verdaderos «paraísos fiscales» en relación con el pago de un impuesto al que están obligados más de 37 millones de contribuyentes».

Así, un automovilista donostiarra paga un 49% más por el impuesto municipal de su automóvil que uno de Madrid, o un 158% más que uno domiciliado en Tenerife. Pero si se compara con un automovilista empadronado en alguno de los «25 paraísos fiscales» que existen en España las diferencias pueden alcanzar hasta un 900%.

Por ejemplo, un vehículo tipo medio, de 11,99 caballos de potencia fiscal -señala AEA en su informe- paga en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 34,08 euros; en Madrid 59 euros, en Barcelona 68,16 euros, y en San Sebastián 87,93. Es decir, un 158% más caro en San Sebastián que en Tenerife.

Entre los ayuntamientos españoles más caros, además de San Sebastián, AEA cita en su informe los de Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Tarragona, Barcelona, Lleida, Palma, Ciudad Real, Valladolid, Huelva y Granada.

Por el contrario, entre las capitales que podrían considerarse «un paraíso fiscal» estarían Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Cáceres, Palencia, Jaén, y Badajoz.

Respecto de las motocicletas las diferencias también son notables. Una motocicleta de 600 centímetros cúbicos paga en Melilla 15,15 euros. Sin embargo, en San Sebastián este mismo vehículo paga 79,32 euros. ¡Un 423% más caro!

Pero según el informe, las diferencias de tarifas no sólo se producen entre las capitales de provincia de distintas comunidades autónomas sino también entre ayuntamientos de una misma provincia. Así, por ejemplo, la tarifa que cobra el municipio serrano de Colmenar de Arroyo o Robledo de Chavela, en la Comunidad de Madrid, es siete veces más barata que la que se cobra en Madrid capital; o dentro de Cataluña, la que cobra el municipio de Rajadell o Aguilar de Segarra es ocho veces inferior a lo que se cobra en Barcelona.

Este hecho ha motivado el que numerosas empresas de alquiler y de renting hayan concentrado la matriculación de sus flotas en pequeños municipios en los que han abierto sucursales por su favorable tratamiento fiscal. A cambio, cada año les toca la lotería del «numerito» por el ingreso que reciben por un impuesto de unos vehículos que ni siquiera circulan, ni van a circular nunca, por esa población.

Ocho municipios españoles (Colmenar de Arroyo, Robledo de Chavela, Venturada, Moralzarzal, Navacerrada, Las Rozas de Puerto Real y Patones, en Madrid; y Tejeda, en Las Palmas) -con una población de entre 500 y 14.000 habitantes- en los que se matriculan el 40% del total de coches de empresa de toda España por su privilegiado tratamiento fiscal. Es decir, 183.604 turismos sobre un total nacional de 461.257 unidades.

Resulta especialmente llamativo -señala AEA en su informe- el caso de Benidoleig, pequeño municipio alicantino en el que a pesar de haber aumentado su población en solo 66 vecinos, ha multiplicado por diez el número de vehículos de empresa matriculados en 2022 respecto del año anterior, pasando de 344 a 3.383 unidades.

En el «Estudio sobre fiscalidad municipal del automóvil», AEA recoge un listado de 25 ayuntamientos en los que el número de vehículos de nueva matriculación superan el número de habitantes censados, llegándose a alcanzar índices de motorización muy superiores a las de EE.UU. o Japón, como es el caso del municipio madrileño de Las Rozas de Puerto Real, con 577 habitantes, en el que el pasado año se matricularon 31 vehículos por habitante.