Ley de Movilidad Sostenible aprobada: nuevo Plan Renove obligatorio en tres meses

Esta Ley ha sufrido una larga tramitación parlamentaria tras su presentación por parte del Gobierno en febrero de 2024. Una norma que a su vez ha sufrido varios reveses y ha sido objeto de duras negociaciones. Sin embargo, su aprobación era un compromiso adquirido dentro del Plan de Recuperación, lo que va a permitir desbloquear 10.000 millones de euros de los fondos europeos vinculados a un paquete de reformas en el que está incluido la Ley.

La principal novedad, y la más celebrada por el sector, es la obligación de lanzar un Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la norma. Este plan estará enfocado en impulsar la compra de vehículos de cero y bajas emisiones.

La patronal de los concesionarios, Faconauto, ha acogido positivamente la incorporación del Plan Nacional de Renovación. La organización considera que esta decisión es un reconocimiento formal del legislador de que la renovación del parque es una «herramienta estructural» para tres objetivos clave: Reducir las emisiones contaminantes; reforzar la seguridad vial (al retirar vehículos antiguos) y dinamizar la industria nacional.

Para Faconauto, esta medida complementa la estrategia de electrificación con un enfoque «realista, inclusivo y tecnológicamente neutro». La patronal ha puesto en valor su experiencia en la gestión de programas de incentivos y se ha puesto a disposición del Gobierno para garantizar una implantación homogénea y ágil del nuevo plan, destacando que «no hay nada más sostenible ni más social que apostar por planes de renovación del parque bien diseñados».

Por su parte la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM) considera que el apoyo a las motorizaciones Euro 6d dentro del plan nacional de renovación cuyo desarrollo se contempla en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible aprobado ayer en el Congreso acelerará los objetivos de descarbonización.

En palabras del presidente de GANVAM, Jaime Barea, «teniendo en cuenta que el plan Prever ayudó a despolarizar el mercado y supuso un récord histórico no solo de ventas, sino de vehículos antiguos achatarrados acogidos al plan -3,3 millones con la consiguiente reducción del impacto medioambiental- desde GANVAM insistimos en seguir tendiendo la mano al Gobierno para diseñar una estrategia eficaz de renovación que nos permita encarar 2026 orientados a objetivos y garantizando que ninguna capa de la población se queda fuera de la movilidad eficiente. Una movilidad verdaderamente sostenible, como la que defiende el proyecto de ley, debe ser accesible y asequible para todos los ciudadanos, de modo que las políticas de renovación y descarbonización garanticen una transición inclusiva».

Desde la organización ecologista Transport & Environment también valoran positivamente la aprobación ayer en el Congreso de esta Ley al considerar esta norma «una oportunidad real de reducir significativamente las emisiones de efecto invernadero del sector del transporte en España». La norma, si se asegura su implantación «responderá además al reto climático marcado por Europa y tendrá un impacto positivo sobre la salud y calidad de vida de los ciudadanos», afirman.

Además del Plan Nacional de Renovación, la nueva Ley de Movilidad Sostenible incluye otras obligaciones importantes que impactarán directamente en la infraestructura y en la regulación ambiental.

Así, se mandata a las grandes estaciones de servicio (gasolineras) a instalar puntos de carga de alta capacidad para vehículos eléctricos, un requisito fundamental para facilitar los viajes de larga distancia y reducir la ansiedad de autonomía. En concreto las gasolineras que vendan más de 10 millones de litros anuales de carburante deberán contar, desde 2025, con al menos un punto de recarga ultrarrápida.

La nueva Ley contempla la revisión del sistema de etiquetado ambiental de la DGT, de manera que incluya las emisiones de CO2 de los vehículos. Contempla la inclusión de la medición empírica e individualizada de las emisiones reales del tráfico rodado, cuya contribución a la reducción de emisiones de CO2 será esencial. Permitirá a las Administraciones Públicas llevar a cabo un control efectivo de las emisiones del tráfico e identificar a los vehículos verdaderamente más contaminantes, así como promover la sustitución del parque móvil hacia opciones más sostenibles.

La Ley incorpora a los documentos estratégicos como guías de buenas prácticas o directrices metodológicas que explicitan el impulso de las electrolineras para largas distancias. Además, se han incorporado varias enmiendas transaccionales vinculadas a planes de aceleración de la infraestructura y planes de despliegue en zonas rurales cuyo contenido aún no es público.