Los comerciantes de Puerto Banús recurrirán al Supremo la sentencia que da validez al alquiler de las terrazas

Como ya publicó SUR, esta nueva sentencia del órgano superior de justicia de la provincia se suma a «una veintena» de resoluciones judiciales favorables que acreditan la validez de los alquileres, según afirmaron desde la marina. Sin embargo, la intención de los comerciantes es «seguir defendiendo sus intereses», tal y como resaltan desde Balms Abogados, representantes de los arrendatarios en este conflicto que comenzó en 2019.

Así, desde el despacho de abogados explican que la sentencia se recurrirá ante el Tribunal Supremo ya que los comerciantes no están conformes con los argumentos que contiene la misma. «Con los debidos respetos, consideramos que el criterio de la Audiencia Provincial no ha sido el correcto, porque no tiene en cuenta la prueba que se usó en la sentencia de primera instancia, un certificado emitido por el Ayuntamiento de Marbella que establece la condición de viario público».

«Nos sorprende que la Audiencia Provincial diga que la condición de viario público es una sospecha. Es un hecho probado, un documento emitido por una administración pública, que es la única que puede certificar la calificación urbanística, sin embargo la sentencia esgrime que esto no es suficiente», apuntan.

Para Balms Abogados, la cuestión «no ha quedado resuelta» puesto que existen tres procedimientos judiciales abiertos en la vía contencioso-administrativa. Según detallan, en uno de ellos se solicita al juzgado que ejecute el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de 1995, en el que se declara el carácter y uso de dominio público en los viales y terrazas de Puerto Banús. «Esto dirimirá la cuestión definitivamente, la intención de los comerciantes es seguir defendiendo sus intereses», subrayan.

Este conflicto comenzó en 2019 tras la denuncia de varios inquilinos, que consideraban que sus terrazas ocupaban vías de titularidad pública y no privada, por lo que el alquiler no sería válido. «El origen de esta disputa no es jurídico, sino puramente comercial», detallaron desde la marina, y aseguraron que esta sentencia «zanja de manera clara la cuestión, reconociendo el dominio a favor del puerto, y dotando de seguridad jurídica su comercialización».