La Audiencia Provincial reconoce la validez de los contratos de arrendamiento de las terrazas de Puerto Banús

El conflicto comenzó en 2019 tras la denuncia de varios inquilinos, que consideraban que sus terrazas ocupaban vías de titularidad pública y no privada, por lo que el alquiler no sería válido. «El origen de esta disputa no es jurídico, sino puramente comercial», detallaron desde la marina.

En este sentido, explicaron que los demandantes, en respuesta a la propuesta de Puerto Banús de actualizar las rentas para ajustarlas a los valores de mercado, plantearon ante los tribunales la tesis de que sus contratos de alquiler eran nulos: las terrazas, total o parcialmente cerradas en su perímetro, ocupaban zonas supuestamente destinadas a viales públicos propiedad del Ayuntamiento de Marbella, «a pesar de que en su mayoría son espacios completamente cerrados destinados a la actividad comercial de los demandantes, quienes la han venido disfrutando de forma pacífica durante décadas», apuntaron.

Así, la Justicia ha ratificado en diferentes sentencias la titularidad de la marina sobre los terrenos privados que arrienda al no ser una superficie con carácter público, junto a la validez de esos alquileres, «sin que existan en las instalaciones de Puerto Banús viarios que formen parte del patrimonio municipal del Ayuntamiento de Marbella», precisaron.

La marina continúa defendiendo que «el espíritu de Puerto Banús es mantener y desarrollar el potencial turístico del recinto desde la seguridad jurídica y apoyando los intereses de los explotadores en términos y condiciones de mercado», haciendo referencia a la importancia de las resoluciones judiciales desde que comenzó el conflicto.