El Supremo da la razón a Marbella por los 12 millones de euros de la subasta de los bienes de Juan Antonio Roca

Hacienda le reclamaba al Consistorio la entrega de los 12 millones de euros que el presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, José Godino, le entregó en el año 2018 procedente de la venta de bienes de Juan Antonio Roca. Este dinero fue entregado a la administración local con cargo a la indemnización en favor de la ciudad que fijan las sentencias de los casos 'Saqueo I', por 24 millones de euros, y 'Saqueo II', por 37 millones.

La AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) entendían que dicha cantidad debía destinarse a minorar la deuda que el Consistorio marbellí tenía con ambas y cuyo pago se venía realizando de forma fraccionada en los términos y condiciones regulados de forma directa por ley.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 había permitido al Ayuntamiento, de forma excepcional, hacer frente a la importante deuda heredada del pasado, a través de un pago fraccionado en cuarenta años y con interés al 1%, que se abona por los descuentos en su participación en los ingresos del Estado (PIE).

Tal y como informan desde el gabinete de RocaJunyent - Gaona, Palacios y Rozados Abogados, encargados de llevar a cabo el caso al Consistorio, la AEAT y la TGSS intentaron resolver el fraccionamiento establecido por la ley mediante una resolución administrativa, argumentando un supuesto incumplimiento por parte del Ayuntamiento al destinar los fondos recibidos a la prestación de servicios municipales en lugar de minorar la deuda. Su actuación fue declarar resuelto de fraccionamiento la deuda establecida por ley, resurgiendo la totalidad de la misma, con un importe cercano a los doscientos millones de euros.

Así pues, desde la defensa del ente local se señala que Hacienda y la Seguridad Social «carecían de habilitación normativa para declarar resuelto el fraccionamiento de la deuda dispuesto y regulado directamente por ley»,

Conflicto

Tras seis años de conflicto, la Sentencia número 485/2024, de 19 de marzo, ha fallado a favor del Ayuntamiento al considerar que la AEAT carece de habilitación normativa para declarar resuelto un acuerdo de fraccionamiento establecido y regulado de forma excepcional por Ley.

«Es particularmente significativo que el Tribunal haya respaldado los principios de autonomía local y legalidad, lo cual refuerza la importancia del estado de derecho en nuestro sistema jurídico», señala la abogada defensora, Carmen Domínguez.

«Todavía está pendiente de Sentencia la casación contra la TGSS, que se espera con el mismo criterio jurídico, ya que la fallada contra la AEAT establece un precedente legal relevante para casos similares», concluyen.