Starlite sopesa dejar Marbella y demandar al Ayuntamiento por daños y perjuicios

A las dos de la madrugada, una pareja de Policía Local se presentó en la cantera de Marbella, donde tiene lugar el festival, para comprobar que se cumplía el horario de cierre, que viene siendo foco de conflicto desde el comienzo de la presente edición. La organización dio por concluido un concierto de los Gipsy Kings que se desarrollaba en la zona del ‘Lounge’, contigua al anfiteatro que acoge los grandes acontecimientos.

El incidente, al que el alcalde consideró parte de la actividad rutinaria de la Policía Local y al que la empresa organizadora tampoco otorgó mayor importancia, actuó sin embargo como un disparador de las tensiones que se venían gestando incluso desde antes de que diera comienzo la presente edición.

Como consecuencia de estas diferencias, Starlite lleva varias semanas realizando gestiones con otros gobiernos municipales para trasladar el festival en las próximas ediciones a otro emplazamiento. La empresa lo confirmó mediante un comunicado emitido a primera hora de la tarde después de que SUR lo adelantara por la mañana en su edición digital. Además, anunció que iniciará acciones legales contra el Ayuntamiento –y a título personal contra sus responsables– por lo que considera una conducta «obstaculizadora y contraria a la legalidad» que a su entender viene desarrollando el gobierno municipal.

El alcalde, José Bernal, ha negado las acusaciones y asegura que el Ayuntamiento ha dado «el mayor de los apoyos, que ha sido normalizarlo y regularizarlo después de cuatro años en una situación muy complicada con informes que no existían».

Los promotores se quejan de que pese a que la organización del festival requiere de una organización que se cierra con un año de antelación, especialmente por la agenda de los artistas, en esta edición la autorización se concedió apenas 72 horas de antelación a la fecha de inicio. Además, reprochan al Ayuntamiento que desconozca la calificación del festival como actividad de interés general y haya insistido en, a su juicio, «encorsetar jurídicamente» la actividad, lo que obliga a tramitar día a día autorizaciones extraordinarias de ampliación del horario. Esta situación, según los organizadores, condiciona el cumplimiento de un programa cerrado con meses de antelación, «de manera que las sesiones que no cuentan con tal autorización se saldan con cancelaciones, devoluciones de entradas y pérdidas de puestos de trabajo».

Según ha podido comprobar este periódico, el horario de la actividad autorizada es hasta los dos de la madrugada de lunes a jueves y hasta las tres los viernes, sábados y vísperas de festivos. Este permiso es el mismo que se aplicó en años anteriores, según fuentes consultadas. Bernal señaló ayer que su gobierno no puede dar autorización «para que cierre todos los días en su zona de copas a la hora que quiera; la ley no lo permite aunque yo quisiera hacerlo».

Al igual que sucediera el año pasado, el Ayuntamiento está sufriendo una doble presión para hacer cumplir el horario de cierre y restringir el número de autorizaciones extraordinarias para ampliarlo. Por un lado, por parte de algunos empresarios del sector del ocio, que se quejan de que la actividad de Starlite como discoteca al aire libre perjudica sus intereses, a lo que se suma una denuncia presentada el año pasado por una abogado, miembro fundador de Podemos en la ciudad, que dio lugar a un procedimiento que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella. Por otra, por los ediles de esa formación, cuyos votos necesita el gobierno municipal para tener mayoría en el pleno y que ayer mostraron su satisfacción «ante la decisión del alcalde de hacer cumplir la ley por igual a todos». La formación morada reveló que el pasado jueves mantuvo una reunión con Bernal «para advertirle que el Festival Starlite estaba presuntamente incumpliendo» el horario de cierre. Horas después, la Policía Local se presentó en el lugar para comprobar que la actividad cesaba a las dos de la madrugada.

Los horarios no son el único punto de fricción. Los conciertos se celebran en un espacio público, la cantera de Nagüeles, bajo competencia de la Junta de Andalucía, que en 1991 lo cedió al Ayuntamiento de Marbella por 25 años. Cuando en 2012 la empresa promotora contactó con el gobierno municipal de entonces para la cesión del espacio, se acordó el pago de un canon de 7.000 euros anuales, en función de los metros ocupados. Este año, con la cesión de la Junta al Ayuntamiento vencida, el acuerdo se renovó por un año, pero se impuso un nuevo canon, en función de lo que se considera el volumen de negocio que genera el evento, que se fijó en 120.000 euros. La empresa recurrió.

La autorización concedida a Starlite no solo contempló el establecimiento de un canon un 1.600 por ciento más alto, sino el derribo de unas obras sin licencia acometidas en el recinto, consistentes en la construcción de dos muros y el pavimentado de una superficie, actuaciones que motivaron la apertura de un expediente urbanístico y una denuncia de la Fiscalía por un presunto delito urbanístico y otro de desobediencia.