Roca afirma que Gil tenía ánimo de utilizar el urbanismo para financiar al Ayuntamiento

El juicio comenzó el martes en la Audiencia Provincial de Málaga y junto a Muñoz, en el banquillo de los acusados, están sentados el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, dos empresarios vinculados a tres sociedades y seis exediles, que ayer se conformaron con un delito de prevaricación genérica y ya hoy no han tenido que asistir.

Roca ha destacado que Gil no era una persona que no tuviera conocimientos en el ámbito del urbanismo, todo lo contrario ya que era promotor veinte años antes de llegar a Marbella, «y lo conocía mucho mejor que otras personas», ha apostillado.

Debido a ello, el cerebro del 'caso Malaya' ha negado que se pretendiera perjudicar o defraudar al Ayuntamiento: «No existía ese ánimo, existía un ánimo de financiar a las arcas públicas con el urbanismo. Esa era la encomienda del alcalde».

Ha relatado que Gil se paseaba permanentemente por la ciudad y que todas las obras que se hicieron fueron dirigidas y diseñadas por él. «Se reunía con los técnicos municipales de urbanismo y decía cómo había que hacer una mediana».

Ha negado su participación en los hechos delictivos que le imputa la fiscalía y ha precisado que Gil nunca delegó la concejalía de urbanismo y que hablaba personalmente con los funcionarios municipales de urbanismo.

También ha exculpado a Muñoz y a los exediles de haber cometido irregularidades y ha destacado que Gil «ejercía de alcalde y de concejal de urbanismo» .

Además ha asegurado que él nunca hizo tasaciones y ha explicado al Tribunal que los ayuntamientos venden suelo y que el que lo compra luego tiene derecho de enajenarlos a terceros y obtener un beneficio.

Según el escrito acusatorio de la Fiscalía Anticorrupción, las seis operaciones urbanísticas realizadas presuntamente de forma ilícita a través de varios convenios con Proinsa y Obarinsa crearon un perjuicio económico de 14.352.249,77 euros al Ayuntamiento de Marbella.

Mientras que por el convenio firmado con Aproconsa hubo un perjuicio económico de 3.752.291,12 euros a las arcas municipales.

Muñoz y Roca se enfrentan a una petición fiscal de trece años de prisión por presuntas irregularidades urbanísticas con la firma de varios convenios con las sociedades Proinsa, Obarinsa y Aproconsa.

Además de la pena de prisión se les pide a cada uno de ellos una pena global de 25 años de inhabilitación para empleo o cargo público y 15 años de inhabilitación absoluta.