El Pleno de Estepona aprueba de forma definitiva el presupuesto para 2021

Unas cuentas municipales que han salido adelante con los votos de los veintiún ediles del Partido Popular y el rechazo de los representantes del PSOE, que han justificado su voto en contra al haberse rechazado las dieciséis alegaciones presentadas a los presupuestos, en las que los socialistas reclamaban al equipo de gobierno más ayudas para los autónomos y las pymes de la ciudad, además de un incremento del capítulo para el gasto social, ya que desde la bancada socialista han insistido en que estas cuantías son las mismas que el pasado año.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha defendido el presupuesto explicando que «son unas cuentas que no dejan a nadie atrás y que siguen impulsando el desarrollo económico de la ciudad», destacando el «marcado carácter social» del mismo, con cuantías económicas vinculadas a ayudas y programas sociales que se han declarado 'partidas ampliables'; por lo que tendrán carácter ilimitado y se podrán incrementar conforme a las necesidades que se produzcan durante el ejercicio.

El primer edil ha recordado que el Ayuntamiento puso en marcha, tras el inicio de la pandemia, un plan de acción para impulsar la recuperación económica y social en el municipio que ha movilizado, hasta el momento, 42 millones de euros de un total de 80 que se prevén poner en circulación mediante proyectos municipales y el impulso de otras iniciativas.

García Urbano ha respondido a las críticas de los concejales del PSOE asegurando que seguirán poniendo en marcha medidas que ayuden tanto a empresarios como a los más vulnerables, como es el caso de las campañas para incentivar las compras en los comercios locales puestas en marcha, tanto en verano como ahora en Navidad, y que han movilizado más de 180.000 euros en estos establecimientos, además de los 50.000 euros de ayudas en cheques de compra que la delegación de Bienestar Social ha repartido en los últimos días para las compras de Navidad.

A la sesión ordinaria de diciembre han acudido varios de los trabajadores de la plantilla de la Policía Local del municipio, como acto de protesta tras haberse aprobado por el equipo de gobierno la supresión del denominado complemento específico en la nómina de los agentes, que estaba consolidado desde el mes de marzo del pasado año aunque, tan solo dos meses después, la Subdelegación de Gobierno en Málaga advirtió al Ayuntamiento que debía anularlo al no ajustarse a la normativa vigente.

Ese requerimiento de la Subdelegación de Gobierno ha sido el motivo por el que el equipo de gobierno ha llevado al pleno la supresión de este complemento, aunque las discrepancias con el cuerpo policial han llegado al considerar los agentes que esta medida aplicada hoy, y no el pasado año (cuando llegó el aviso por parte de Subdelegación), es una medida de coacción por parte del Ejecutivo de García Urbano, tras el intento de renegociar las condiciones laborales de la plantilla municipal, que no se han revisado en los últimos quince años, aseguran.

A la salida del pleno, representantes de los sindicatos C-SIF y Sipan, el Sindicato Independiente de Policías en Andalucía, han declarado que «se trata de una medida de presión por parte del alcalde, que está faltando el respeto a los agentes de una plantilla que, además, hemos denunciado en numerosas ocasiones, es insuficiente para el municipio».

El último pleno del año ha servido, además, para aprobar la cesión de una parcela municipal a la Junta para la ampliación del instituto Tomás Hormigo, en el distrito de Cancelada. Además, se ha aprobado un nuevo convenio entre el Ayuntamiento de Estepona y la Diputación de Málaga para la gestión y recaudación de tributos, que permitirá al Consistorio ahorrar un total de dos millones de euros, a razón de medio millón cada año. De esta forma, el equipo de gobierno elevará a ocho millones de euros el ahorro alcanzado desde 2012 con la negociación de las condiciones con este ente supramunicipal.

Por último, el Pleno de la Corporación ha aprobado una moción para instar al Gobierno central a aprobar de forma urgente los fondos de recuperación Covid-19 de ayudas incondicionadas para municipios y provincias en este 2020, liberando una partida económica, proporcionada a la de las comunidades autónomas, y no inferior a 4.000 millones de euros; así como para que haga partícipe a las entidades locales del Fondo de Recuperación de la UE en la misma participación de la Administración Local en el gasto público del Estado, aproximadamente el 14%.