Marbella saca a sus urbanizaciones del letargo
El Ayuntamiento actúa por primera vez en la mejora de las infraestructuras viarias públicas de estos recintos tras años de queja vecinal
«La zona cuenta a día de hoy con infraestructuras que datan de los años 50 o 60 del pasado siglo, lo que genera situaciones ... como que las viviendas no tengan la presión de agua normal. A ello se une la obsolescencia del saneamiento, con áreas que siguen teniendo hasta pozos negros». Es, a grandes rasgos, la radiografía que el presidente de la comunidad de vecinos de El Mirador en Marbella, Enrique Monterroso, hace de la situación de esta urbanización. Como otras tantas, cerca de 800, llevan años reclamando una intervención del Ayuntamiento en cuanto al mantenimiento y conservación de espacios públicos. Es precisamente una de las primeras adonde estos días han aterrizado las máquinas y operarios afanados en reparaciones de viales, pavimentación, asfaltado... Una imagen inédita. El Ayuntamiento ha activado por primera vez un plan de intervención para atender parte de estas demandas. Una actuación compleja, demorada durante años y en la que se empieza a trabajar con una planificación guiada por los pertinentes informes técnicos y jurídicos que ha debido elaborar previamente el área de Urbanismo para determinar cuáles son las zonas en las que se puede actuar. La iniciativa municipal que acaba de arrancar, bautizada como Creando Ciudad, va a acometer en una primera fase un total de 60 actuaciones repartidas por los distritos de Marbella (norte, oeste y este), Nueva Andalucía y Las Chapas. Los números, en bruto, hablan de más de 20.000 metros cuadrados de superficie asfaltada y 21.712 metros cuadrados de pavimentación. El presupuesto: 3 millones de euros procedentes del plan de inversiones financieramente sostenibles. En San Pedro Alcántara, la Tenencia tiene su propia planificación de obras con un presupuesto de 350.000 euros. El objetivo de la iniciativa: ir atendiendo las necesidades que durante décadas han ido acumulando las urbanizaciones de la ciudad, la mayoría de ellas, sin recepcionar. Los pertinentes informes y la adaptación del PGOU del 86 actualmente vigente a la LOUA han abierto la puerta a que se actúe en suelos urbanos consolidados y en los llamados viales primarios.
Muchas de estas urbanizaciones se levantaron en su día sin las correspondientes obras de urbanización y a día de hoy siguen sin disponer de servicios tan básicos como alumbrado e incluso sin saneamiento o dependiendo de una fosa séptica. «Salir a algunas de estas calles es un riesgo. Hay que santiguarse para sacar la basura», describe de manera gráfica Belén Calleja, administradora de varias urbanizaciones de Nueva Andalucía y de la Entidad Urbanística Supermanzana D, donde se enmarca la Avenida del Prado, donde hace un par de semanas comenzaron unas obras largamente demandadas por los vecinos. «Aquí la mayoría de los viales son de mantenimiento privado pero esta calle es de uso público y veníamos reclamando una intervención en una zona sin acerado, sin apenas alumbrado y sin contenedores», señala. Aplaude la iniciativa municipal. «Nos da igual que nos molesten con las obras. Ojalá nos molesten más», bromea, al tiempo que advierte de que una vez que el Ayuntamiento ha reconocido que debe y puede actuar en las urbanizaciones «ni los vecinos ni los administradores estamos por la labor de seguir aceptando de forma sumisa la inactividad del Ayuntamiento», sostiene ante la posibilidad de un cambio de gobierno municipal que varíe los planes del actual o en caso de que, gobernando los mismos a partir del 28 de mayo, este plan quede en el olvido. «Lo que se ha empezado a hacer es de justicia. Se está empezando a pagar la deuda del Ayuntamiento con las urbanizaciones. Y eso no quiere decir que se esté quitando nada a los barrios, simplemente se está reconociendo un derecho de vecinos que pagan también sus impuestos», subraya la administradora en clara referencia a las críticas que la iniciativa municipal ha recibido de parte de grupos políticos que han acusado al equipo de gobierno de favorecer a las urbanizaciones a costa de las inversiones en los barrios.
En datos
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60 son las intervenciones que se han previsto en total en esta primera fase del plan Creando Ciudad.
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3 millones de euros es el presupuesto destinado a la intervención en Marbella, Nueva Andalucía y Las Chapas. En San Pedro se invertirán 350.000 euros.
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20.000 metros cuadrados de superficie asfaltada se habrá conseguido en esta primera fase
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21.712 metros cuadrados de superficie pavimentada se ha previsto
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2 mpresas adjudicatarias de los trabajos se encargan de su desarrollo: ACP Infraestructuras y Elsamex
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10 meses quedan por delante para poder desarrollar las actuaciones programadas, que tienen que estar listas antes de final de año.
De momento, los planes municipales pasan por ir asumiendo actuaciones básicas que palien los principales déficit, que pasan, a día de hoy, por la falta de acerados, por calzadas deterioradas con socavones que impiden un tráfico seguro, falta de seguridad vial por la inexistencia de aceras, ausencia de iluminación así como de sistemas de calmado de tráfico, o zonas verdes deterioradas y que invaden áreas de paso. De ahí que las intervenciones programadas vayan desde la pavimentación y asfaltado a mejoras en la seguridad vial, iluminación, conservación de zonas verdes y renovación de mobiliario urbano o la mejora de puntos de recogida de residuos sólidos urbanos. De ellas se encargarán las empresas contratadas por el Ayuntamiento para el desarrollo de este plan: ACP Infraestructuras y Elsamex.
«No estamos ante privilegios, sino ante derechos de los vecinos que pagan sus impuestos», sostiene Enrique Monterroso. «Con esto no se le está quitando nada a los barrios. El Mirador, por ejemplo, tiene derecho a ser atendida como lo que es: casco urbano de atención directa. Aquí no vale el argumento de que se favorece a los ricos, porque aquí no viven los ricos», subraya el presidente de la comunidad y exconcejal de IU.
«Como Ayuntamiento tenemos una responsabilidad patrimonial. Hasta ahora no se le había puesto el cascabel al gato», subraya el concejal responsable de Obras, Javier García, quien incide en el trabajo que «para llegar a este plan han desarrollado los técnicos elaborando los pertinentes informes». Han sido finalmente esos estudios y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del 86 vigente y su adaptación a la LOUA los que han despejado un camino repleto de obstáculos hasta ahora.
Primer intento
Fue en el año 2014 cuando la alcaldesa Ángeles Muñoz sorprendía con una iniciativa encaminada a dar respuesta a años de demandas vecinales para que desde el Ayuntamiento se atendieran las necesidades básicas de cerca de 800 urbanizaciones que están sin recepcionar: alumbrado, asfaltado, limpieza o mantenimiento de zonas verdes corren a cargo, desde su construcción, de los vecinos residentes en las zonas. El plan defendido entonces por Muñoz comprendía ir asumiendo esos servicios por parte del Consistorio en un plazo de tres años. El gasto se cifró en unos 20 millones de euros al año. Se tomaba como base para definir los 78 polígonos de actuación los señalados en el PGOU de 2010 como suelo urbano consolidado.
Dos empresas contratadas por el Ayuntamiento se encargan de las obras
Los vecinos piden que la iniciativa tenga continuidad con un plan plurianual de intervención
El cambio de color político en el Ayuntamiento que trajeron las elecciones de 2015 (con el tripartito que duró dos años), el alto coste de la iniciativa (que hizo entonces inviable su desarrollo completo por el plan de ajuste que pesaba sobre las arcas municipales) y, por encima de todo, la anulación del plan urbanístico de 2010, frenaron aquella iniciativa, aunque sí se dio un paso importante: el de incluir a esas urbanizaciones en los planes de asfaltado. Todo un avance.
Para llegar al escenario actual el Ayuntamiento ha debido superar una serie de obstáculos legales, dado que la ley sólo permite destinar recursos municipales para los servicios públicos en aquellos terrenos calificados como suelo urbano consolidado, y por tanto formen parte de la red viaria municipal. Un primer informe elaborado por técnicos de Urbanismo determinó que la asunción del mantenimiento de las urbanizaciones era viable, pero parcialmente. El pasado año 2018, con el PP de nuevo en el gobierno municipal, se optó por destinar 3,3 millones de euros del plan de inversiones financieramente sostenibles para destinarlos a la mejora de viales y aceras en urbanizaciones.
Con idea de tener la certeza de que ello era viable jurídicamente, se encargó un estudio que concluyó, en base al PGOU del 86 adaptado a la LOUA, que se puede actuar en urbanizaciones de titularidad privada, pudiendo intervenir en viales y calzadas de dominio público, aunque se encuentren en urbanizaciones que no han sido recepcionadas por el Ayuntamiento. El estudio indica, entre otros argumentos, que la actuación responde a un necesidad de garantizar la salubridad del entono urbano.
Continuidad
Con esas, el Ayuntamiento ha iniciado ya los trabajos dentro del proyecto Creando Ciudad. Para su ejecución ha recurrido a dos empresas que se encargarán hasta final de este año 2019 de ejecutar las actuaciones programadas en esta primera fase. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha reiterado que se trata de un primera paso que tendrá continuidad. Los vecinos coinciden en que sin esa renovación el proyecto quedará en un mero parcheo. «Las urbanizaciones llevan años esperado y cuando se ve que se va a hacer algo se celebra como lo que es, un hito. Sin embargo, la decepción puede estar a la vuelta de la esquina si esta apuesta del Ayuntamiento no tiene continuidad en forma de un plan plurianual que vaya dando soluciones a las muchas necesidades que tienen las urbanizaciones», recalca Enrique Monterroso.
El Ayuntamiento retoma los acuerdos marco para concluir obras de urbanización
El Ayuntamiento de Marbella ha retomado en estos dos últimos años los acuerdos marco del convenio creado por el Ejecutivo local del PPen el año 2008 destinado a aliviar a los vecinos de las urbanizaciones donde sus promotores se dejaron obras de urbanización sin terminar durante los años del 'boom' de la corrupción, de la carga económica que para ellos representan dichas actuaciones. Las mejoras que dejaron en el olvido estos promotores y que sí figuraban sobre plano trascienden lo meramente estético y ornamental. Desaparecieron o quedaron sin terminar viales y áreas de aparcamientos, aceras, jardines o piscinas. Hay casos en los que faltaron hasta servicios e infraestructuras básicas en materia de abastecimiento de agua o saneamiento. El instrumento creado por el Ayuntamiento, al que se han acogido medio centenar de urbanizaciones desde entonces (las dos últimas, Carib Playa en Las Chapas y Peña Blanca en Aloha este año pasado), ofrece a los vecinos la posibilidad de realizar estas obras pendientes junto al propio Consistorio siempre que éstas entren dentro de unos supuestos previstos, es decir, que sean de interés general y que cumplan con requisitos técnicos y jurídicos. El Ayuntamiento ofrece en estos casos el asesoramiento técnico y jurídico a las urbanizaciones, y en los casos necesarios, también la redacción del proyecto. Los complejos residenciales corren con los gastos de la ejecución de los trabajos pero se ahorran la licencia de obras y la redacción de los correspondientes proyectos.
«Cuando pedimos que se dé continuidad a esto no se lo pedimos a un partido político concreto, sino al Ayuntamiento, gobierne quien gobierne. Han sido muchos años de demandas y queda mucho por hacer», sostiene Belén Calleja.
Durante el mes de febrero las obras han comenzado en la Avenida del Prado, calles Tucán, Almensino, Bonanza, Amapolas, el Moral, Algarrobo e Incosol, además de en el Camino del Pilar, Camino del Ángel y entorno del colegio Platero. El mes de marzo arranca con las obras en Calderón de la Barca, Cristóbal Parra, Banús, Bergantín y Goleta.
La iniciativa persigue el mantenimiento de la calidad, el servicio y el nivel de seguridad del entramado viario de las urbanizaciones, un proyecto que, aunque incipiente, representa un gran avance para la ciudad, ya que por primera vez es posible llevar a cabo trabajos en conjuntos residenciales de titularidad privada sobre viales de uso público
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