Juzgan desde este lunes a Julián Muñoz y otros exresponsables de Marbella por una presunta adjudicación irregular de obras

Según las conclusiones iniciales presentadas por el ministerio fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) «se creó una organización municipal paralela para tratar de evitar los controles de la ley administrativa en su actuación» a través de sociedades municipales que dirigían personas designadas «directamente con criterios de confianza».

La acusación señala que el entramado empresarial se modificó a partir del año 2000 con la creación de dos sociedades «instrumentales», una para la gestión de obras y suministros y otra de personal, las cuales se hicieron «como un artificio societario sin justificación alguna» para dar «plena opacidad a la actividad municipal» y para «amparar y justificar la elusión de la ley administrativa».

El fiscal considera que Muñoz, junto a distintos responsables municipales, y el empresario acusado Alberto P. «Llegaron a un acuerdo para la adjudicación directa de obras municipales a dicha mercantil en condiciones idóneas para perjudicar los intereses patrimoniales de Marbella», de forma que «crearon deliberadamente una situación jurídica-fáctica adecuada y eficaz para ocasionar un grave perjuicio al erario público municipal».

Otros tres acusados son el exedil responsable de Obras y los representantes de la sociedad municipal dedicada a la gestión de las actuaciones, Vicente Manciles, Antonio Calleja y Antonio José T., quienes, según la Fiscalía, tenían «pleno conocimiento» de que eran adjudicaciones «directas, sin control ni intervención previa de los técnicos municipales, con opacidad y graves deficiencias en la ejecución y facturación de los servicios contratados».

También está acusado el que era secretario municipal Leopoldo Barrantes y exediles que formaban la junta de gobierno local, como son Rafael González, Marisa Alcalá, José Luis Troyano, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García, Tomás Reñones y Francisco Javier Lendínez. Estos últimos exconcejales han llegado a un acuerdo inicial de conformidad con el ministerio fiscal, según han asegurado fuentes judiciales.

Las obras investigadas en esta causa son siete y se refieren a una guardería en San Pedro, a un centro cívico, la finalización de las obras de un mercado municipal, el acondicionamiento de una biblioteca, que inicialmente fue adjudicada a Fergocon --por lo que ya se instruyó otra causa judicial--, obras de un colegio, de una plaza y de una avenida; y las adjudicaciones se realizaron, según la acusación, «sin respetar los principios de concurrencia y publicidad, y sin tramitar el correspondiente expediente administrativo».

Según la Fiscalía, finalmente, en abril de 2003, se firmó entre el Ayuntamiento y la empresa un convenio de permuta de bienes municipales, que se valoraron en 1,2 millones de euros, por algunas de las obras anteriores, haciendo constar que la gestión se dio a la sociedad municipal y que hubo un concurso según la ley, resultando adjudicataria la empresa del acusado, cuando «la realidad fue que se hizo con una violación flagrante de la legislación administrativa».

El ministerio público considera que «para tratar de dar apariencia legal y así poder materializar la operación en escritura pública para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, el secretario municipal emitió un informe favorable a dicha permuta» y afirmó «falsamente en su informe que un técnico municipal realizó una valoración de las obras públicas a ejecutar en el municipio», pese a haber un informe negativo del interventor.

Por estos hechos, el fiscal acusa a Muñoz por varios delitos continuados de prevaricación, de fraude en la contratación y de falsedad en documento oficial, solicitando la pena de seis años de prisión, multa e inhabilitación especial por un periodo de seis años. Para el exsecretario municipal, la petición inicial es de cinco años de cárcel por delito continuado de falsedad.

En cuanto al empresario, se le acusa de los delitos continuados de prevaricación, de fraude en la contratación y de falsedad en documento oficial, solicitando la pena de cinco años de cárcel e inhabilitación especial por el mismo tiempo.