La Junta construirá la Ciudad de la Justicia en un edificio de Roca incautado en 'Malaya'

El anuncio fue realizado ayer en la comisión de Justicia del Parlamento andaluz por la consejera, a preguntas del parlamentario de Ciudadanos por Málaga Carlos Hernández. Aguilar precisó que su departamento suscribirá un protocolo general de actuación con el Ayuntamiento una vez que el equipo de gobierno municipal marbellí haya completado los últimos trámites para la cesión del edificio en el que se reubicarán y unificarán los juzgados

Tras la firma de ese protocolo, se continuará trabajando para adecuar el edificio a su nuevo uso como infraestructura judicial, ha añadido la consejera en su intervención parlamentaria.

«Es un momento de enorme satisfacción para esta consejería, porque supone una avance clave, imprescindible, para que una ciudad de la importancia de Marbella pueda contar, por fin, con las instalaciones judiciales que necesita», ha señalado Rosa Aguilar.

El inmueble está situado junto al Hospital Costa del Sol y pasará a propiedad del Ayuntamiento como parte de pago de las indemnizaciones que Roca debe a la institución municipal por las sentencias dictadas en su contra. Una vez asumida la propiedad del edificio, la Administración municipal lo cederá a la Junta.

Para que esto se concrete resta todavía que el Gobierno central plasme su acuerdo en un documento, ya que supondría modificar un acuerdo anterior entre el Estado y el Ayuntamiento de Marbella que establecía que los cobros que fuera realizando la institución municipal por las indemnizaciones correspondientes a los juicios por corrupción de la era GIL fueran a rebajar la deuda que el Ayuntamiento mantiene con Hacienda y la Seguridad Social y que formó parte del convenio que permitió la refinanciación de la misma.

La operación que impulsa el gobierno de Ángeles Muñoz para hacerse con el inmueble y cederlo a la Junta se enmarca en este nuevo acuerdo, ya cerrado pero aún sin plasmar en un documento, para la recuperación de los bienes incautados a Juan Antonio Roca durante la «operación Malaya» y que permitirá también que la ciudad se haga con la propiedad de la finca La Caridad, donde existe la intención de construir una ciudad deportiva, tal y como informó este periódico el pasado noviembre.

Según este nuevo acuerdo, el Ayuntamiento se podrá quedar con algunos bienes propiedad de Juan Antonio Roca que le fueron incautados durante el 'caso Malaya' y que formarán parte de la indemnización que corresponde a la institución municipal por la sentencia del 'caso Saqueo 2', por la que Roca fue condenado a devolver 37 millones de euros.

Se trata de una operación compleja en la que Muñoz viene trabajando desde hace meses y que además de a Hacienda y al Ayuntamiento de Marbella involucra también a otras partes, como el Tribunal de ' Malaya', presidido por el magistrado José Godino, y el administrador judicial de los bienes de Roca.

Desde que se produjo el cambio de gobierno municipal el pasado verano, este edificio, de 15.000 metros cuadrados y una superficie de 3.000 metros cuadrados que se podrían destinar a aparcamientos, está en la mira del Ayuntamiento marbellí como posible sede de la futura Ciudad de la Justicia que permitiría aglutinar en un solo inmueble a las tres sedes judiciales que actualmente funcionan en Marbella. Se plasmaría así una antigua reivindicación del estamento judicial y del amplio colectivos de abogados de la ciudad.

El pasado noviembre, el principio de acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y Hacienda fue trasladado a Godino; al juez decano de Marbella, Ángel Sánchez, al Colegio de Abogados y al administrador judicial de los bienes de Roca, entre otras personas y entidades. Una representación de estas realizó entonces una visita al edificio que se mantuvo en reserva y en la que se concluyó que el inmueble se adaptaba a los fines a los que se lo pretende destinar.

Faltaba todavía el acuerdo de la Junta de Andalucía, administración que se hará cargo de las obras necesarias para convertir el inmueble en la Ciudad de la Justicia de Marbella. Ayer, la consejera anunció públicamente su conformidad con el anuncio realizado en sede parlamentaria.