Julián Muñoz niega irregularidades en la adjudicaciones de obras en Marbella

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga comenzó ayer un juicio contra el exregidor y doce personas más, la mayoría exediles del Gil, el que fuera secretario municipal, así como un empresario marbellí. Durante la declaración, Muñoz insistió en que no está mintiendo, que en sus actuaciones el interventor nunca puso reparo, «los ponía después», precisó, al tiempo que subrayó que siempre creyó que todo se ajustaba a la legalidad. «No he pasado once años en la cárcel para no decir la verdad ahora», dijo el encausado en el primer juicio que se celebra después de que la Audiencia Nacional aceptara que cumpliera el resto de la condena en su vivienda por motivos de salud, una medida de la que disfrutó casi un año y de la que se vio privado tras difundirse un vídeo en el que bailaba sevillanas. En este procedimiento Muñoz se enfrenta a seis años de prisión por los delitos continuados de prevaricación, de fraude en la contratación y de falsedad en documento oficial.

Durante la comparecencia judicial, negó haber tomado decisiones, la creación de sociedades y su participación en obras irregulares, y precisó que no está «echando la culpa al muerto» (en referencia al fallecido Jesús Gil), pero insistió que «jamás» tuvo poder de decisión. Por otra parte, siete exconcejales reconocieron los hechos que les imputa el fiscal y se conformaron con una pena cada uno de ellos de ocho años y seis meses de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.

El fiscal mantiene que en este procedimiento Julián Muñoz llegó a un acuerdo con responsables municipales y un empresario para la adjudicación directa de obras municipales a la mercantil Copasur SL «en condiciones idóneas para perjudicar los intereses patrimoniales de Marbella». Con este objetivo, el fiscal sostiene que los acusados crearon deliberadamente una situación jurídica-fáctica adecuada y eficaz para ocasionar un grave perjuicio al erario público municipal. El Ministerio Público afirma que dicho concierto ilícito sólo fue posible gracias a la connivencia y aceptación de los gerentes de una sociedad municipal, quienes presuntamente autorizaron la contratación de obras y servicios municipales con pleno conocimiento de que se trataba de contrataciones directas. «Sin control ni intervención previa de los técnicos municipales, con opacidad y graves deficiencias en la ejecución y facturación de los servicios contratados», siempre según la versión del fiscal.

En total se adjudicaron siete obras, entre ellas a una guardería, al centro cívico, en el mercado municipal, biblioteca y un colegio, además de un convenio de permuta de bienes municipales por obra futura.