Julián Muñoz niega irregularidades en la adjudicación de obras en Marbella

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha comenzado hoy un juicio contra el exregidor y doce personas más, la mayoría exediles del Gil, el que fuera secretario municipal, así como un empresario marbellí.

Durante la declaración del exalcalde ha insistido en que no está mintiendo, que en sus actuaciones el interventor nunca puso reparo, «los ponía después», ha precisado Muñoz, al tiempo que subrayado que siempre creyó que todo se ajustaba a la legalidad.

«No he pasado once años en la cárcel para no decir la verdad ahora», ha apuntado Julián Muñoz, en el primer juicio que se celebra después de que la Audiencia Nacional aceptara que cumpliera el resto de la condena en su vivienda por motivos de salud, una medida de la que disfrutó casi un año y de la que se vio privado tras difundirse un vídeo en el que bailaba sevillanas.

En este procedimiento Julián Muñoz se enfrenta a seis años de prisión por los delitos continuados de prevaricación, de fraude en la contratación y de falsedad en documento oficial.

Durante la comparecencia judicial, ha negado haber tomado decisiones, la creación de sociedades y su participación en obras irregulares, y ha precisado que no está «echando la culpa al muerto» (en referencia al fallecido Jesús Gil), pero ha insistido que «jamás» tuvo poder de decisión.

Por otra parte, siete exconcejales han reconocido los hechos que les imputa el fiscal y se han conformado con una pena cada uno de ellos de ocho años y seis meses de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.

El fiscal mantiene que en este procedimiento Julián Muñoz llegó a un acuerdo con responsables municipales y un empresario para la adjudicación directa de obras municipales a la mercantil Copasur SL «en condiciones idóneas para perjudicar los intereses patrimoniales de Marbella».

Con este objetivo, los acusados crearon deliberadamente una situación jurídica-fáctica adecuada y eficaz para ocasionar un grave perjuicio al erario público municipal.

Dicho concierto ilícito sólo fue posible gracias a la connivencia y aceptación de los gerentes de una sociedad municipal, quienes presuntamente autorizaron la contratación de obras y servicios municipales con pleno conocimiento de que se trataba de contrataciones directas, sostiene el ministerio público.

«Sin control ni intervención previa de los técnicos municipales, con opacidad y graves deficiencias en la ejecución y facturación de los servicios contratados», siempre según la versión del fiscal.

En total se adjudicaron siete obras, entre ellas a una guardería, al centro cívico, en el mercado municipal, biblioteca y un colegio, además de un convenio de permuta de bienes municipales por obra futura.