Julián Muñoz dice que no leía antes de firmar porque daba credibilidad a los técnicos

Muñoz se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años y medio de prisión por malversación de caudales y prevaricación administrativa tras las irregularidades detectadas en la compra y alquiler de unos locales del puerto deportivo.

Durante su comparecencia, en la que ha pedido al Tribunal que hablaran más alto por sus problemas de audición, se ha mostrado arrogante y se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Marbella.

"Yo he sido un político", ha destacado Muñoz, al tiempo que ha asegurado no recordar los hechos por los que se le está juzgado debido a que han pasado catorce años.

A preguntas de la fiscal ha reconocido su firma como alcalde accidental pero ha precisado que el alcalde en aquel momento era el fallecido Jesús Gil: "yo firmaba cientos de documentos todos lo días y lo llevo diciendo desde 1995", ha asegurado.

"Yo no tenía voluntad política, la voluntad política la tenía Gil", ha insistido Julián Muñoz, que hoy se ha presentado en la Sala sin bastón y con mucho más facilidad de movimiento, que en anteriores juicios.

Ha precisado que no le daba igual firmar cualquier cosa, pero que daba credibilidad a los técnicos y que jamás durante su etapa política en Marbella realizó un decreto, "no tenía conocimiento para ello". "No tengo conocimiento jurídico, aunque sí penitenciario", ha contestado a preguntas de la fiscal en tono irónico.

El juicio se está celebrando en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados se sientan otras diez personas, la mayoría exediles del GIL y el que fuera secretario municipal.

El exsecretario municipal también ha negado haber cometido irregularidades y ha asegurado que no recuerda bien el caso debido a los años transcurridos y a que tiene 80 años.

El fiscal mantiene que los acusados en el ejercicio de las funciones públicas han llevado a cabo una actuación caracterizada por la "arbitrariedad y el abuso de poder".

Además, el ministerio público entiende que administraron los bienes y efectos públicos con ausencia de cualquier control desviándolos de los fines públicos en beneficio de los intereses particulares de terceros o propios.

Julián Muñoz en este procedimiento firmó, como alcalde accidental, un convenio de compra en 1996 de tres locales comerciales en el puerto y fijó como forma de pago la cesión de un lote de cuatro parcelas en una urbanización, con un reconocimiento de deuda. Aunque el acusado ha insistido en que sólo firmó y desconoce quién negoció, "negociaría Gil o alguien de su confianza", ha precisado.

Años más tarde, en el 2000, un hombre, también acusado en este procedimiento, solicitó alquilar dichos locales y Muñoz dictó un decreto para elevar a la comisión de gobierno el acuerdo de arrendamiento.

El fiscal mantiene que el exregidor eligió y negoció "sin publicidad ni concurrencia", beneficiando a un interesado y perjudicando los intereses del Ayuntamiento, que se vio privado de otras posibles ofertas mas beneficiosas. Para la acusación pública hubo un trato de favor hacia el acusado que quiso alquilar los locales y un perjuicio a las arcas públicas.

Esta causa surgió de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que se dividió en varios procedimientos, a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Marbella.