Hospital Costa del Sol: diez años de bloqueo

Las obras inconclusas de la ampliación del Hospital Costa del Sol no tienen nada que ver con el salvajismo urbanístico de los años duros de Jesús Gil y Juan Antonio Roca, sino con una historia mucho más reciente de desencuentro entre instituciones, fórmulas de colaboración público privadas aplicadas mal y sin transparencia y también una pizca de mala suerte.

Hace diez años, en el otoño de 2010, Marbella y su entorno estaban a punto de ver cumplido el objetivo de contar con un hospital que dejara atrás la denominación aceptada a regañadientes por sus profesionales sanitarios de 'comarcal' para convertirse en un centro de referencia para una población de medio millón de usuarios sin contar la población flotante. La incorporación de nuevos servicios y la ampliación de su superficie en 34.000 metros tras una inversión de 48,5 millones de euros iba a hacer del Hospital Costa del Sol, inaugurado en 1991, una dotación más que relevante para el sistema de salud en la provincia.

Ese otoño, sin embargo, algo se torció. Las máquinas se detuvieron y aunque desde la Junta de Andalucía se aseguró en un primer momento que las obras sólo se habían ralentizado, lo cierto fue que se pararon por completo. Desde entonces, las obras a medio ejecutar vieron pasar tres presidentes de la Junta de Andalucía, incluido el vuelco político tras las elecciones de 2018, y dos cambios en el sillón de la Alcaldía de Marbella, con la llegada del socialista José Bernal en 2015 y su desalojo vía moción de censura dos años después.

En su día se explicó la paralización en la falta de sintonía institucional. Cuando comenzaron los problemas, la popular Ángeles Muñoz estaba al frente del Ayuntamiento de Marbella y el socialista José Griñán, de la Junta. Sin embargo, durante esta década se produjeron todo tipo de combinaciones, incluidos periodos en los que ambas instituciones fueron gobernadas simultáneamente por políticos del mismo signo, tanto populares como socialistas. Sin embargo, el desbloqueo, muchas veces anunciado, no fue posible.

El origen de la paralización debe buscarse en un desencuentro entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la concesionaria de las obras de ampliación, una filial de la sociedad sevillana Abengoa que asumió la ejecución del proyecto a cambio de la explotación durante 40 años del aparcamiento subterráneo del hospital, cuya construcción formaba parte del proyecto. Siendo el hospital un centro situado en plena carretera en el que llegar en coche es prácticamente obligado, la viabilidad económica del proyecto pasaba por que todos los usuarios utilizaran el parking subterráneo, una fórmula que nunca fue explicada con claridad y con la que el Ayuntamiento, que reclamaba que la ampliación la pagara la Junta de Andalucía con recursos propios, no estaba de acuerdo. Cuando la empresa comenzó a colocar bolardos en la calle para impedir que los coches aparcaran en superficie y el Ayuntamiento la obligó a retirarlos comenzaron los problemas. La licencia para el parking nunca se concedió. Se cruzaron denuncias en los juzgados entre las tres partes y el ritmo de las obras primero decayó para detenerse poco después. A eso se sumó la propia situación de la empresa madre, sumida en una crisis terminal que se ha prolongado hasta hoy.

En 2014, cuatro años después de la paralización, se anunció un acuerdo para desbloquear el proyecto que coronaba diez meses de negociaciones. Aquel compromiso estipulaba que agencia pública de la Junta que gestiona el hospital reordenaría las áreas de aparcamientos en superficie, que se destinarían sólo a profesionales. La Junta, asimismo, compensaría a la concesionaria para garantizar su viabilidad a cambio de una reducción en el tiempo de la concesión, y el Ayuntamiento se comprometía a conceder la licencia para la explotación de los aparcamientos, de la urbanización y de la explotación de las zonas comerciales. Hubo acto solemne, firma, sonrisas y compromiso de una rápida reanudación de las obras. Pero algo volvió a fallar.

El tiempo pasaba y las máquinas seguían paradas. En medio de la opacidad que desde el inicio acompañó a todo este proyecto se supo que un desacuerdo entre la Junta y la concesionaria sobre el importe de la compensación había desbaratado el acuerdo. Al poco tiempo, la sociedad entró en concurso de acreedores.

El proyecto comenzó a desbloquearse nuevamente a finales de 2018, cuando la Junta optó por rescatar la concesión y dio luz verde a la disposición de 12 millones de euros para rescatar la concesión. Se trataba de una cantidad acorde al valor patrimonial de la inversión realizada hasta que las obras fueron paralizadas. Fue el último punto del orden del día de la última Junta de Gobierno presidida por Susana Díaz antes de las elecciones que acabarían con 37 años de gobiernos socialistas en Andalucía. A poco de llegar, el gobierno presidido por Juanma Moreno realizó el pago de los 12 millones y el rescate de la concesión se hizo efectivo. Como un gobierno hizo la disposición de crédito y el otro realizó el pago, ambos, socialistas y populares, se atribuyeron el mérito.

El 20 de mayo de 2019 el rescate de la concesión se hizo efectiva, y con ella la liberación del aparcamiento subterráneo, que pasó a ser gratuito. Paralelamente, se anunció que las obras estaban ejecutadas al 35 por ciento y que su terminación demandaría una inversión de 30 millones de euros.

Sin embargo, una paralización tan prolongada de las obras había generado un problema añadido. El proyecto original había quedado desfasado y era necesario actualizarlo según las nuevas necesidades sanitarias de la zona. Durante los años de bloqueo, dos nuevas dotaciones sanitarias, los CHARES de Benalmádena y Estepona habían visto la luz -aunque el segundo aún no ha abierto- y por lo tanto las necesidades asistenciales de la Costa del Sol eran otras.

Se encargó a la Agencia Sanitaria Costa del Sol la elaboración de un estudio funcional que actualizara las necesidades a las que debe responder el hospital, paso previo a que la Junta licite un nuevo proyecto para culminar la ampliación. A esa tarea estaban dedicados los responsables de la agencia cuando estalló la pandemia de la Covid-19, una situación que situó al hospital en el centro de un terremoto y volvió a trastocar los planes

Según ha podido saber este periódico, el estudio funcional ya se encuentra prácticamente terminado, aunque aún no ha sido remitido a la Consejería de Salud.