Hacienda reclama a Marbella los doce millones entregados por el tribunal de 'Malaya'

El acuerdo firmado en 2012 entre el Ayuntamiento y el Gobierno central para la refinanciación de la deuda con Hacienda y la Seguridad Social heredada de la etapa del GIL, incluida con rango de ley en los Presupuestos Generales del Estado de ese año como disposición adicional 70 a los mismos, establecía que los ingresos que el Ayuntamiento fuera obteniendo por el cobro de indemnizaciones de sentencias de casos de corrupción se destinara al pago del principal de esa deuda, que en 2006 ascendía a 279 millones de euros y que 12 años después se ha reducido a 218 millones. Además de los plazos, fijados en la refinanciación, el Ayuntamiento adelantó entre 2012 y 2017 el pago de 13 millones con dinero obtenido por el pago de sentencias judiciales.

En los Presupuestos Generales del Estado de este año se incorporó una disposición adicional, la número 27, también con rango de ley, que permite que el dinero que el Ayuntamiento vaya cobrando por la ejecución de sentencias no se destine al pago de la deuda y pueda dedicarse a inversiones.

Sin embargo, el pasado 26 de junio, dos días antes de que los PGE fueran aprobados definitivamente por el Congreso, la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Tributaria remitió un escrito al Ayuntamiento en el que le reclama los 12 millones de euros que el 22 de ese mismo mes Godino, en su condición de presidente del tribunal que juzgó el 'caso Malaya' había entregado al Ayuntamiento. La entrega se hizo el viernes 22 de junio y al lunes siguiente, día 25, se firmó esta requisitoria, que se envió al Ayuntamiento el martes 26.

Hacienda argumentó entonces la vigencia del acuerdo firmado en 2012, que obligaba al Ayuntamiento a destinar los fondos obtenidos de sentencias al pago de la deuda. En el escrito aludía a que en el momento en el que la institución municipal recibió el talón con los 12 millones de euros los nuevos presupuestos no estaban aún vigente y que su aplicación no es retroactiva. «Su eficacia, en ausencia de norma transitoria específica, se proyectaría respecto de hechos o situaciones producidas a partir de su entrada en vigor», indica el documento, al que ha tenido acceso este periódico.

Por ello, Hacienda requirió al Ayuntamiento para que procediera de manera inmediata al ingreso de los 12 millones de euros en sus cuentas, y recordó que el incumplimiento de las condiciones pactadas al refinanciarse la deuda podría dar lugar a la cancelación del fraccionamiento.

El Ayuntamiento de Marbella respondió el pasado 18 de julio a esta requisitoria con un escrito de alegaciones basado en un informe de la Asesoría Jurídica municipal y dirigido a la Agencia Tributaria en el que hace referencia al nuevo escenario normativo más favorable para el Ayuntamiento de Marbella por el que se le permite a la ciudad recuperar los bienes y derechos que le fueron saqueados y destinarlos a servicios públicos y sostiene que el mismo puede aplicarse con carácter retroactivo a todos los hechos y pagos realizados durante todo el ejercicio 2018.

Según esta argumentación municipal, la pretensión de la Agencia Tributaria de no aplicar esa retroactividad haría inútil la disposición aprobada, ya que no podría aplicarse en ningún caso.

El escrito señala que Hacienda cambió su forma habitual de actuar desde 2012, adelantando en este caso en el tiempo la exigencia del dinero a través del requerimiento una vez que hubo conocido la entrega de esos fondos al Ayuntamiento de Marbella y la inminente entrada en vigor de la nueva norma, más favorable a los intereses municipales. En opinión del Ayuntamiento, Hacienda impone de esta manera un criterio restrictivo que impediría dar ese dinero el uso previsto en la ley, que es el de «satisfacer el interés público municipal».

El Ayuntamiento se opone de esa manera al requerimiento de pago inmediato realizado por Hacienda, que ahora cuenta con un plazo de dos meses para acudir a la vía del contencioso-administrativo para reclamar el dinero.