El fiscal mantiene la acusación para Julián Muñoz y retira la de siete exconcejales del Gil

El juicio comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Málaga y hoy el fiscal y el Ayuntamiento de Marbella han modificado sus escritos y han retirado la acusación para los siete exconcejales del GIL sentados en el banquillo de los acusados.

Debido a la retirada de la acusación de estos exediles, el Tribunal ha dictado sentencia in voce a dichos procesados y les ha absuelto, por lo que han podido abandonar el banquillo de los acusados aunque la mayoría serán conducidos a prisión ya que cumplen condena por el 'caso Malaya'.

Junto a Julián Muñoz han continuado en el procedimiento como acusados el secretario municipal Leopoldo Barrantes y un empresario que supuestamente participó en las irregularidades cometidas en la compra y alquiler de locales.

Anticorrupción y el Ayuntamiento de Marbella han modificado sus acusaciones contra Julián Muñoz y los otros dos acusados que se han quedado en el procedimiento y han planteado alternativas por lo que las defensas han pedido un aplazamiento para preparar sus informes finales.

Tras una pequeña deliberación la Sala ha permitido un aplazamiento hasta el próximo 12 de julio, cuando previsiblemente el juicio quedará visto para sentencia.

El fiscal mantiene que los acusados realizaron una actuación caracterizada por la «arbitrariedad y el abuso de poder» y que administraron los bienes y efectos públicos con ausencia de cualquier control desviándolos de los fines públicos en beneficio de los intereses particulares de terceros o propios.

Julián Muñoz en este procedimiento firmó, como alcalde accidental, un convenio de compra en 1996 de tres locales comerciales en el puerto y fijó como forma de pago la cesión de un lote de cuatro parcelas en una urbanización, con un reconocimiento de deuda.

Años más tarde, en 2000, el empresario acusado solicitó alquilar dichos locales y Muñoz dictó un decreto para elevar a la comisión de gobierno el acuerdo de arrendamiento.

El fiscal mantiene que el exregidor eligió y negoció «sin publicidad ni concurrencia», beneficiando a un interesado y perjudicando los intereses del Ayuntamiento, que se vio privado de otras posibles ofertas más beneficiosas.

Para la acusación pública hubo un trato de favor hacia el acusado que quiso alquilar los locales y un perjuicio a las arcas públicas.

Esta causa surgió de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que se dividió en varios procedimientos, a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Marbella.