El Gobierno da por rota la refinanciación de la deuda y reclama al Ayuntamiento de Marbella 140 millones

El motivo de la resolución, es el talón de 12 millones de euros cobrado por el Ayuntamiento el 22 de junio de 2018 con dinero procedente de la venta de bienes de Juan Antonio Roca e imputado a parte de la indemnización que el exgerente de Urbanismo fue condenado a pagar por sus condenas en los casos Saqueo 1 y 2.

Después de que el Ayuntamiento de Marbella heredara del GIL una deuda con el Estado de 279 millones de euros, de los que 190 millones correspondían a la Seguridad Social, en 2012 llegó a un acuerdo de refinanciación con el Gobierno que establecía como medida adicional que los ingresos que las arcas municipales fueran ingresando por el cobro de indemnizaciones de sentencias de casos de corrupción se destinara al pago del principal.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018, elaborados por el gobierno del PP pero aprobados por la mayoría parlamentaria que sustentó a Pedro Sánchez, modificaron ese acuerdo y dejaron abierta la puerta a que se pudieran excluir de esa regla «los bienes o derechos» que, mediante acuerdo del pleno del Ayuntamiento, se destinen a la prestación de los servicios públicos municipales. Así quedó reflejado en un anexo incluido en los Presupuestos.

Amparado en esa modificación, el Ayuntamiento decidió el año pasado no entregar al Estado ni los bienes incautados a Roca que han pasado a formar parte del patrimonio municipal ni el talón de 12 millones de euros cobrado en junio del pasado, dinero procedente de la venta de bienes incautados a Juan Antonio Roca.

Ya en aquella ocasión, debido a que la recepción del dinero tuvo lugar dos días antes de la aprobación definitiva de los Presupuestos, el Ministerio de Hacienda, a través de la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Tributaria, reclamó al Ayuntamiento la entrega de los fondos al considerar la vigencia del acuerdo firmado en 2012, que obligaba al Ayuntamiento a destinar los fondos obtenidos de sentencias al pago de la deuda. En el escrito aludía a que en el momento en el que la institución municipal recibió el talón con los 12 millones de euros los nuevos presupuestos no estaban aún vigentes y que su aplicación no es retroactiva. Esa decisión fue rechazada por el Ayuntamiento, cuyos servicios jurídicos consideraron que el momento que debe tomarse en cuenta es cuando se hace la liquidación, es decir al final del ejercicio, y que los presupuestos tienen un periodo de vigencia para todo el año. En las oficinas municipales, donde se argumentó que el Gobierno podía presentar si lo consideraba adecuado un recurso contencioso administrativo, no hubo más noticias de este asunto.

Poco después, en octubre, la Seguridad Social también inició un expediente en el mismo sentido, que se ha resuelto dando por terminado el acuerdo de fraccionamiento de pago.

Para el portavoz municipal, se trata de una decisión que no consta que esté sustentada en informe jurídico alguno y que ha sido tomada por un cargo de designación política y pocos días antes de la disolución de las cortes. Por ello, el gobierno municipal llevará al próximo pleno una propuesta para que el Ayuntamiento recurra ante los tribunales esta decisión.

De los 279 millones de euros de deuda heredada con el Estado, el saldo al año pasado era de 218 millones. De esa cantidad, 140 millones corresponden a la Seguridad Social, cantidad a la que ahora debería hacer frente si se da por roto el acuerdo de financiación.

Romero enfatizó en su comparecencia su convencimiento de que los tribunales le darán la razón al Ayuntamiento, que en su opinión ha cumplido con la ley, y emplazó al PSOE de Marbella a dar a conocer su postura frente a la pretensión del Gobierno central. «Creo que es evidente dónde está el interés de los ciudadanos de Marbella», concluyó.

La Seguridad Social basa su decisión en que la excepción marcada por la norma aprobada con los presupuestos del año pasado se refiere a bienes o derechos, lo que en su opinión excluye al dinero. «La cantidad entregada a ese Ayuntamiento se ha obtenido en virtud del reconocimiento en favor del mismo de una indemnización que no consistía en la entrega de bienes y derechos», sostiene la resolución.

La resolución señala también que la entrega de los 12 millones de euros se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de los presupuestos, por lo que el Ayuntamiento no podría ampararse en una norma aprobada como anexo a ese documento.