Las autoridades argentinas decretan la expulsión de Carlos Fernández, que recurrirá

Fernández, en su casa de la ciudad de San Juan (Argentina)/SUR
Fernández, en su casa de la ciudad de San Juan (Argentina) / SUR

Un juzgado federal ratifica la decisión del Ministerio del Interior del país sudamericano por un expediente abierto tras la detención del exedil

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTA

Un juzgado federal argentino ha ratificado la decisión del Ministerio de Interior de ese país de expulsar al exconcejal de Marbella Carlos Fernández, huido de España en 2006 tras desencadenarse la 'operación Malaya'. Fernández se estableció entonces en Argentina y vivió de incógnito en el país austral hasta septiembre de 2017, cuando se entregó a la policía para regularizar su situación.

Fernández tiene actualmente dos procedimientos abiertos. Uno, correspondiente a su extradición, está pendiente de dirimirse en la Corte Suprema de Justicia (instancia homologable al Tribunal Supremo español). El otro es de carácter administrativo y se abrió después de que el exedil se entregara a la justicia argentina. La Dirección General de Migraciones le incoó entonces un expediente de expulsión por sus antecedentes penales en España y por haber violado las leyes migratorias de ese país, al que entró con visado de turista válido por 90 días para quedarse durante más de 13 años.

Migraciones declaró en consecuencia irregular la permanencia de Fernández en Argentina, ordenó su expulsión y prohibió su reingreso al país. Este proceso de expulsión, ha sido ratificado ahora por la Cámara Federal de Mendoza, según ha informado Diario de Cuyo de la provincia de San Juan, donde reside el exconcejal.

El exconcejal está pendiente de que se confirme que todas sus causas han prescrito

No obstante, la decisión de este juzgado puede ser recurrida y por ese camino optará Fernández, según aseguró ayer el exedil en conversación telefónica con este periódico. El exconcejal considera que no se da ninguno de los requisitos previstos para su expulsión, ya que tiene arraigo en el país sudamericano –está casado con una argentina y tiene dos hijos nacidos en San Juan–, no ha cometido delitos en Argentina y ya no tiene antecedentes penales, ya que la pena por la única causa por la que fue condenado ya está cumplida y el resto de los procedimientos están prescritos.

La Cámara Federal de Mendoza, competente en la zona donde reside Fernández –al oeste del país junto a la frontera con Chile– deberá resolver ahora su recurso, mientras que la Corte Suprema de Justicia, deberá hacerlo sobre su procedimiento de extradición. En septiembre de 2017, el Gobierno de España solicitó la entrega del exconcejal por su implicación en seis procedimientos judiciales. Para entonces, Fernández había sido detenido tras entregarse y se encontraba ingresado en una prisión argentina. Al celebrarse el juicio de extradición en un juzgado federal de San Juan, en diciembre de ese año, se determinó que cinco de esas causas estaban prescritas, por lo que procedía enviarlo a España sólo por una de ellas, la del 'caso Saqueo 2', que prescribía en febrero de 2018.

Fernández recurrió entonces ante la Corte Suprema y fue dejado en libertad hasta tanto se resolviera el proceso. Ahora el exconcejal está pendiente de que ese alto tribunal confirme que efectivamente, esa única causa pendiente prescribió el año pasado, por lo que no procedería la extradición a España.

El exconcejal aseguró ayer a este periódico que su intención es regresar al país y hacerlo con la familia que ha formado en Argentina, pero que antes quiere resolver todos estos asuntos judiciales. «No me quiero ir por la puerta de atrás», afirmó.