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El juicio del ‘caso Malaya’, contra la corrupción urbanística en Marbella, supuso un antes y un después en la historia judicial malagueña. La Audiencia de Málaga, contra todo pronóstico, logró juzgar a los 95 acusados a lo largo de casi dos años tras casi 200 sesiones y sin sufrir suspensiones ni incidentes destacables.
Pese a estar juzgado y sentenciado, este caso sigue siendo un reto para las autoridades. Y es que hay que ejecutar las penas, algo para lo que la audiencia malagueña ha recurrido a la Policía Nacional, que trabaja en un equipo del que forma parte un funcionario de Hacienda. Su misión: localizar el dinero oculto en el extranjero por algunos de los principales condenados para que hagan frente a los 291 millones de euros impuestos en conceptos de multas y responsabilidad civil.
Es una más de las 83 operaciones que estos agentes tienen abiertas. Se trata de localizar activos de una quincena de condenados a los que les queda por satisfacer las multas o las responsabilidades civiles que se les impusieron en las penas.
A finales de 2016 se pusieron manos a la obra y desde entonces ya han conseguido dos de los principales objetivos. Son el abogado Juan Germán Hoffmann y el que fuera teniente alcalde con Jesús Gil, Pedro Román, a los que se impusieron multas y responsabilidad civil que ascienden a 26,2 millones de euros.
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